En un plenario de comisiones del Senado, recibió dictamen favorable este lunes 22 de marzo un proyecto de ley que prevé incorporar el acoso callejero al Código Penal de la Nación, con multas desde los 1000 hasta los 30 mil pesos y la realización de talleres de concientización para erradicar este tipo de violencia.

Los senadores del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli y Norma Durango, decidieron unificar en un solo proyecto dos propuestas sobre el acoso en la vía pública. 

Una de las iniciativas había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, pero resolvieron introducir modificaciones. Por esta razón, si en la próxima sesión el proyecto es aprobado, deberá volver a la Cámara baja para su sanción definitiva.

La primera de las propuestas tiene como autora a la ex diputada del oficialismo, Victoria Donda, e incorpora al Código Penal la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. La segunda de las iniciativas, de las senadoras de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri, también va en este sentido, pero con algunas modificaciones en cuanto a las tareas de prevención y el acoso virtual.

Para la legisladora pampeana, Norma Durango, "los espacios públicos han sido diseñados y siempre dominados por el varón". Por esta razón consideró que "desde la legislación tenemos que instaurar la igualdad real de oportunidades y lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres".

El proyecto busca incorporar el artículo 129 bis al Código Penal por el cual "será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado".

 A su vez, "la multa será de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de 18 años o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad". Además, "la multa llevará, como medida accesoria, la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses".

Se contempla, además, la incorporación de Ley de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y la realización de campañas de difusión que contribuyan a concientizar, dar visibilidad y desnaturalizar esta violencia.

Algunos legisladores manifestaron sus "reparos" al proyecto. El cordobés Ernesto Martínez, senador por Cabiemos, sostuvo que "no existe en el derecho comparado norma similar a esta que se pretende incorporar, más allá de que reconozco cuál es su intencionalidad, porque hacia la mujer siempre se produce un ámbito de incomodidad generalizado en el ambiente público".

Tanto él como el chubutense y oficialista Mario Pais apuntaron también a la redacción de la norma. "Se debe legislar con precisión, no es tan simple modificar el Código Penal a través de una idea, volcarla como una redacción que convalide esa proclama y después entender que eso es una norma penal, porque se puede incurrir en errores transcendentes”, dijo Martínez.

En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun agregó datos y detalló que, según una encuesta, "el 38,2% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso antes de los 13 años", mientras que "el 94,4% de las mujeres de todas las edades han sido acosadas en la calle". Y declaró: "Me da orgullo que en el derecho comparado este sea el primer país que atiende esta cuestión y que la incorpora a su legislación interna".