La demanda del estado de California contra Activision Blizzard, que comenzó el año pasado después de dos años de investigación, volvió al centro de la escena por acusaciones de interferencia por parte del gobernador Gavin Newsom.

El portal Bloomberg publicó un reporte en el que reveló que la asistente de fiscal en jefe del Departamento de Empleo y Vivienda, Melanie Proctor, renunció a su cargo esta semana para protestar contra el despido de su jefa, Janette Wipper.

En un email que envió al resto de los empleados del Departamento, Proctor asegura que el gobernador Newsom “comenzó a interferir” con el proceso hace algunas semanas, y su oficina solicitaba información de la estrategia y los próximos pasos del litigio.

Según sus palabras, esos pedidos se hicieron cada vez más frecuentes a medida que su oficina comenzó a tener victorias en la corte, y Proctor asegura que la interferencia de la oficina del gobernador “estaba en línea con los intereses de los abogados de Activision”.

Wipper, explicó su colega, intentó “proteger la independencia de la agencia”, y por esa razón fue despedida. Una representante de Janette Wipper le dijo al portal que está “evaluando todas las opciones de acción legal, incluyen una demanda bajo el Acta de Protección de Informantes de California”.

Desde la oficina del gobernador dijeron que cualquier acusación de interferencia es “categóricamente falsa”, y van a seguir apoyando al Departamento de Empleo y Vivienda en su lucha para proteger cualquier tipo de discriminación y proteger a los californianos.

La demanda fue presentada en julio de 2021, y acusa a la empresa de crear un ambiente de trabajo tóxico, con comportamientos sexistas y acoso sexual. Desde entonces, la empresa ha enfrentado diferentes demandas adicionales de sus accionistas y empleados, protestas frente a las oficinas de la empresa, una investigación de la Comisión de Valores, y el pedido de renuncia del CEO, Bobby Kotick.

En enero de este año Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard por casi 69 millones de dólares, un acuerdo que continúa siendo investigado por los organismos de control.