La estrategia conjunta con el Gobierno se aplicará entre 2025 y 2028 e incluye reformas fiscales, impulso al sector privado y medidas para reducir la pobreza.

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El juez Luis Carzoglio ordenó el traslado del árbitro Martín Bustos y de su abogado, acusado por destruir pruebas. Los detalles de las decisiones
El juez Luiz Carzoglio ordenó el secreto de sumario en la causa que investiga los abusos sexuales de jugadores de inferiores de Independiente, en tanto que requirió el traslado del árbitro Martín Bustos y su abogado Carlos Beldi a la Unidad n°40 de Lomas de Zamora.
El caso tiene como principal sospechoso a Bustos, quien sería la conexión entre los menores y los abusadores, en tanto que Beldi está acusado de destruir el celular de su cliente con el objetivo de eliminar la evidencia.
El avance en la investigación sigue con la toma de declaraciones a los juveniles del club de Avellaneda, a quienes se protege para que no se conozca su identidad.
La fiscal del caso, María Soledad Garibaldi, anunció este lunes que a los chicos les ofrecían botines y calzoncillos a cambio de realizar el acto sexual. Garibaldi también aseguró que "hay muchos más casos, no solo acá, en Independiente".
La estrategia conjunta con el Gobierno se aplicará entre 2025 y 2028 e incluye reformas fiscales, impulso al sector privado y medidas para reducir la pobreza.
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El encuentro fue convocado para abordar los efectos procesales del fallo anterior y evitar nuevas dilaciones. Asistirán fiscales, defensores y abogados de la familia del exfutbolista.
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Los legisladores acusaron a los involucrados de conformar agrupaciones destinadas a imponer ideas por la fuerza y reclamaron que se investiguen vínculos con el Poder Ejecutivo.
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El ministro sostuvo que se trataba de "estructuras ideológicas" sin resultados concretos y presentó datos sobre el funcionamiento del Programa Acercar Derechos.
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El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada y, según informó la asociación, abordaron temas vinculados a la evolución del crédito y el sistema financiero.
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Su defensa denunció una “persecución infundada” y aseguró que la acusación se basa en hechos no indagados ni probados judicialmente.
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