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Hace algunos días, Walter Montillo, futbolista de Tigre, había hecho una grave denuncia vía redes sociales: las escuelas no le daban la vacante a su hijo por tener síndrome de Down.
"Tengo un hijo con síndrome de Down, no una bomba nuclear. Nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela", había denunciado el jugador en su cuenta de Twitter.
Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear.
— Walter Montillo (@Montil10) 19 de febrero de 2018
Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA
Muchos se solidarizaron por esta situación que tuvo que atravesar su familia donde en cada colegio al que intentaba anotar a Santino, de 8 años, siempre lo rechazaban.
Finalmente, varios días después, y luego de la ayuda de varias instituciones como la Dirección General de Escuelas y la Agencia Nacional de Discapacidad, Montillo pudo inscribir a Santino en una escuela.
Tanto él como su hermano, Valentín, pudieron arrancar las clases. El futbolista no ocultó su felicidad por este momento y lo compartió en su cuenta de Instagram:
El anuncio se hizo a través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y las subas corresponden a los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.
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El piloto argentino terminó 17° y 18° en sus primeros ensayos de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
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Por su parte, la institución repudió las declaraciones del ministro de Justicia y el vocero presidencial, calificándolas como “falsas y malintencionadas”.
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La ministra de Seguridad se hizo presente en el lugar para reunirse con el embajador israelí, Eyal Sela, y dar información sobre lo que sucedió.
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El jefe de Gabinete reconoció que hay diferencias entre ambos, pero dejó en claro que ambos cumplen roles distintos dentro del gobierno.
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El Ministerio de Defensa informó la medida mediante un comunicado y dejó en claro que se trató de una “grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos”.
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