La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La Justicia española parece tener entre ceja y ceja a los futbolistas sudamericanas. Anteriormente había sido con Juan Román Riquelme y con Alexis Sánchez, ambos por defraudar a Hacienda. Ahora, el comprometido es Leonardo Ponzio.
¿Qué sucede con el capitán de River? A diferencia de los casos mencionados, lo de Ponzio tiene incidencia directa con algo ocurrido en el campo de juego cuando vestía la camiseta de Zaragoza.
Ponzio es uno de los más de 30 implicados en un caso de arreglo de partido, al igual que los argentinos Nicolás Bertolo (actualmente en Banfield) y Leonardo Franco (retirado). Se debe al juego por el descenso entre Zaragoza y Levante en mayo de 2011, que terminó ganando el equipo de los argentinos.
Por dicha victoria, se salvaron de perder la categoría y el que terminó descendiendo fue el Deportivo La Coruña. Precisamente, el presidente de este club Augusto Lendoiro fue el que denunció el arreglo.
Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto e imputó a 42 miembros de Zaragoza y Levante. Ponzio junto con otros dos futbolistas: Gabi (actualmente en Atlético de Madrid) y Jorge López, el director deportivo Antonio Prieto Martínez, y el entrenador mexicano Javier Aguirre, le habrían enviado a cada jugador del Levante la suma de 1.200.000 dólares.
Los implicados fueron interrogados y negaron el hecho. El caso quedó en la nada y se archivó. Pero este 25 de enero pasado, fue reabierto por un recurso de apelación en el cual el Deportivo busca, al menos, una compensación económica por su descenso.
El caso irá a juicio oral, aunque aún sin fecha estipulada. La pena por el delito de "alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva" podría ser de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de una multa económica e inhabilitación de uno a seis años, según el Código Penal.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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