El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado
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Hasta el momento no fue especificado si la ceremonia podrá realizarse en el tradicional Dolby Theater de Los Ángeles o si elegirán un nuevo espacio.

La gala de la 73ra. edición de los Premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood, que por la pandemia fue retrasada para el 25 de abril de 2021, no será virtual sino que tendrá una “transmisión presencial”.
Así lo confirmó el medio especializado estadounidense Variety. Hasta el momento no fue especificado si la ceremonia podrá realizarse en el tradicional Dolby Theater de Los Ángeles o si las circunstancias especiales por el coronavirus forzarán a elegir un nuevo espacio.
Los premios Oscar se entregan habitualmente en los primeros días de marzo, pero los responsables de su organización definieron aplazarlo hasta fines de abril a la espera de que para esa fecha más cines puedan estar abiertos, más películas puedan tener su exhibición y así ser elegibles.
Otros premios de la industria realizados en los últimos meses tuvieron que encontrar modalidades virtuales ante la imposibilidad de llevar tanto público como a sus figuras a un recinto cerrado.

El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.
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Dijo que la medida busca profesionalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y reducir el gasto.
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Del esquema de aumentos quedaron expresamente excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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El presidente confirmó cuáles serán los primeros dos destinos a los que irá.
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Con la "ley de leyes" promulgada el Gobierno busca blindar su programa económico, con foco en el superávit, una mayor discrecionalidad en la gestión de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, así como también en el empleo estatal y el financiamiento de la educación y la ciencia.
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Por Decreto, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia. Críticas de la oposición.
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