La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Cinco querellas buscan que la investigación por la desaparición y muerte del artesano continúe. Aseguran que "hay elementos que demuestran que Gendarmería desplegó un accionar violento".
Para este martes fue convocada en Comodoro Rivadavia la audiencia de apelación de la resolución dictada por el juez Gustavo Lleral que cerró la causa por desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Participarán como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y La Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, además de la familia, representada por Sergio Maldonado.
La abogada Verónica Heredia recordó que el 29 de noviembre, Lleral sentenció que Santiago se había suicidado. “Voluntariamente ingresó al agua aún sabiendo que no sabía nadar, sólo faltó decir que se había suicidado y que no había ninguna responsabilidad del Estado”, apuntó la letrada de la familia.
Ante la presentación de las querellas, finalmente se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones para intentar demostrar que la causa no puede cerrarse así. "Falta una investigación. El juez reconoció que más de cincuenta gendarmes ingresaron, dispararon inclusive hasta con armas 9 milímetros hasta cruzar el río cuando había personas cruzando", consideró Heredia y agregó: "Como mínimo hay una responsabilidad en el accionar para enfrentarse a una protesta".
“Tenemos todas las dudas respecto a la autopsia y estamos solicitando que se inicie una investigación para determinar las razones por las cuales desaparece el 1º de agosto y aparece el 17 de octubre en un lugar que había sido rastrillado en varias oportunidades”, expresó la abogada de la familia Maldonado.
Heredia cuestionó el accionar del juez Lleral quien invocó un artículo del Código Procesal Penal para no responder preguntas sobre la autopsia. “El Ministerio Público Fiscal delimitó el objeto procesal que fue la desaparición forzada. Desde la audiencia de Habeas Corpus ya quería cerrar la causa. El procurador Casal ocultó información que tenía para aportar".
La Cámara dispondrá de un lapso de diez días para resolver. Puede archivar la causa o revocar la resolución de Lleral y disponer la reapertura de la investigación con otro juez. En caso de un fallo adverso, la familia anticipó que acudirá a la Cámara de Casación Penal y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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