El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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La medida se extenderá hasta julio de 2021 y abarca a la actividad bovina, ovina y caprina.

En plena pandemia, el Gobierno de Río Negro declaró el Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario, debido a las fuertes nevadas y lluvias que se registraron en los últimos días.
Así lo informó la gobernadora de la provincia Arabela Carreras, quien detalló en un decreto que la medida se extenderá hasta julio de 2021 y abarcará a los departamentos de San Carlos de Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio para la actividad bovina, ovina y caprina.
La iniciativa exime, total o parcialmente del pago del impuesto inmobiliario de inmuebles rurales y subrurales y del impuesto automotor. Además, faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a evaluar la capacidad contributiva de los productores afectados para contemplar las exenciones totales o parciales de los impuestos antes mencionados.
"Esta es una manera más de estar cerca de los rionegrinos, para acompañarlos en esta situación tan difícil, donde las condiciones climáticas se han presentado casi extremas", aseguró la mandataria.
Luego siguió: "el objetivo primordial es acompañar un sector que a pesar de las dificultades y la coyuntura no se ha detenido y continúa trabajando, generando mano de obra y pensando a futuro".
Según explicó la Agricultura provincial, la capacidad productiva de la Región Sur "se encuentra afectada en por lo menos un 50% en algunos casos y en un 80% en otros, lo que dificulta gravemente la evolución de las actividades agrarias".

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La advertencia se emitió tras los casos registrados en Neuquén, donde se investigan fallecimientos y una internación grave vinculados al consumo de la sustancia.
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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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