La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes resolvió apelar para que se revoque la falta de mérito a 9 imputados en la causa que investiga la defraudación en la obra pública, en la que ya están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
En la resolución, consideró que hubo una "pandilla de malandrines y deshonestos" que evaporó "cuantiosas y descomunales cifras de dinero público" durante el gobierno kirchnerista y que "no fue magia, fue corrupción" lo sucedido.
Así de duro fue el escrito que el fiscal presentó ante la Sala I de la Cámara Federal para que revise las faltas de mérito dictadas por el juez federal Julián Ercolini. Se trata de la causa por defraudación en la obra pública a raíz de las abundantes licitaciones que se entregaron a Lázaro Báez durante el kirchnerismo.
En el recurso de Moldes que ahora evaluarán los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, evaluó que los ex funcionarios imputados "efectuaron un aporte material indispensable desde sus respectivos roles de funcionarios y con plena conciencia del plan orquestado para que las maniobras criminales pergeñadas desde el consorcio criminal que los vinculaba se llevaran a cabo".
"Estamos hablando de cuantiosas y descomunales cifras de dinero público que nada por aquí, nada por allá , por arte de telemaneje y escamoteo entre coimas y tajadas, se evaporaron de las arcas del Estado para ir a llenar los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos", según Moldes.
"Yo propongo un ejercicio, tomar impulso y armarse de coraje para estimar mentalmente, siquiera de manera aproximada a partir de estas cifras y conociendo la habitual modalidad operativa de la banda, la suma total de perjuicio concreto que, en los recursos del Tesoro, habrá provocado la extensa componencia de enjuagues y chanchullos. Asusta, ¿verdad?", añadió.
Según la fiscalía existió un "Estado Mayor" en la asociación ilícita "conformada con la finalidad de delinquir" lo que no hubiera sido posible "sin el auxilio de una codiciosa y disciplinada tropa auxiliar".
"Los números que se manejan impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo. No será tarea sencilla fijar su volumen con precisión, pero da vértigo y mareos imaginarlo a partir de lo que hasta hoy sabemos, y lo que resulta tal vez más doloroso, el verificar que tal saqueo ha sido consumado desde las instituciones y por los individuos cuya misión formal era la de representar y proteger a todos", concluyó.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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