La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Una familia conformada por un matrimonio, dos hijos -uno de ellos menor de edad- y una nieta, fue rescatada el fin de semana pasado en un campo ubicado en la ciudad de Colonia Tacuruzal, partido de Maipú, provincia de Chaco.
A cambio de $200 pesos mensuales y una bolsa de harina, el padre de la familia era obligado a trabajar desmontando y destroncando árboles en el campo como así también cuidando y alimentando animales. Su mujer realizaba tareas de limpieza.
Los integrantes de la familia tenían que vivir con ese dinero, no tenían ningún tipo de libertad, estaban indocumentadas y con problemas de salud, y como no les alcanzaba se veían obligados a alimentarse de la caza. La hija del matrimonio era obligada a realizar tareas domésticas dentro de la casa de los patrones y recibía amenazas de que le iban a quitar a su niña.
Mientras el dueño del campo está detenido y se lo investiga por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, las víctimas quedaron a resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La investigación se inició el 14 de febrero de este año a través de una denuncia realizada en la línea 145, que el Programa de Rescate envió a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, para su intervención.
La procuraduría logró identificar a los imputados, el lugar de explotación, a los damnificados e inmediatamente derivó la denuncia a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Roque Sáenz Peña, para que las víctimas sean inmediatamente rescatadas, entrevistadas y asistidas.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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