La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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Tiene pocas apariciones públicas, soñó con lanzarse en San Miguel y blanqueó más de 600 millones de pesos. Deberá declarar en la causa de los cuadernos
Gianfranco Macri es el hermano tres años menor del presidente de la Nación, integra la comisión directiva de SOCMA y participó del blanqueo por más de 600 millones de pesos. Estuvo cerca de pasar a la política pero por ahora sigue en el ámbito empresarial.
Casi ni se le conoce la cara ni los movimientos. Es dueño del Buenos Aires Golf Club en San Miguel, donde puso plata para el armado territorial tanto en 2015, ocupándose de la logística de los fiscales y en 2017, donde se ocupó de reunir a los macristas y arengarlos.
Tuvo resultado, ya que en 2017 Cambiemos ganó allí con 47% de los votos, con la lista encabezada por Pablo de la Torre, hermano de Joaquín, intendente de San Miguel pero actual ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal.
Gianfranco apareció en el centro de los flashes cuando Horacio Verbitsky publicó en el diario Página 12 que blanqueó 622 millones de pesos en el sinceramiento fiscal de 2016, gracias a un decreto presidencial que no fue votado por el Congreso y permitió a los familiares de funcionarios ingresar.
"Que mi hermano haya blanqueado dinero es un derecho que le da la ley", sostuvo Macri unas horas después de ganar la elección de medio término en 2017 y unos pocos días después de que se conociera la noticia.
En la filtración de los Panamá Papers, el hermano presidencial aparecía como presidente de ocho empresas offshore.
Ahora volvió a la escena principal ya que fue citado a indagatoria por el juez Claudio Bonadio en una causa que se desprende de la investigación por los cuadernos de Oscar Centeno.
Se lo investiga por la declaración de Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de las Concesiones Viales, que aseguró que todos los meses recibía dinero de las empresas que debía controlar, entre ellas Autopistas del Sol, de SOCMA.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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