Graciela Pascual es considerada por muchos como “la mano derecha” del cura Nicola Corradi. Según numerosos testimonios, el sacerdote cometió junto a otros religiosos actos de pedofilia a lo largo de décadas. Sin embargo Pascual, una de sus personas más allegadas, camina hoy libre por las calles mendocinas.

La mujer figura en la causa tres del caso Próvolo, donde se está indagando acerca de violaciones, castigos físicos y vejaciones de más de 20 niños y jóvenes hipoacúsicos que estudiaban en esa institución.

Los testigos acusan a Pascual de haber amenazado y despedido a las personas que se quejaban por las irregularidades del centro educativo

En sus testimonios, los chicos y papás se refieren repetidamente a Pascual como “la jefa”, y destacan que era imposible que no estuviera al tanto de los abusos. Es más, la acusan de haber silenciado lo que pasaba y de haber despedido y amenazado a quienes comentaran que las costumbres en el gran edificio no eran del todo santas.

Lo cierto es que el abogado de Pascual presentó un habeas corpus. La decisión de los jueces Ariel Specktor, Diego Lusverti y Eduardo Martearena fue hacer lugar, lo que permitirá a la acusada esperar el juicio en libertad y dejar la prisión domiciliaria que cumplía hasta hoy. Ello no obsta para que siga imputada de haber sido partícipe -por omisión- de las aberraciones que tenían lugar en el centro educativo religioso.

Miedo y asco en Luján

 

"Nos ponen a nosotros la responsabilidad de cuidarnos y de impedir que esos monstruos se nos acerquen. Darle a Pascual la libertad cuando aún no hay fecha de juicio es una irresponsabilidad", relató a la prensa Érica, familiar de una de las víctimas.

"Se ordenó la libertad sin importar las consecuencias que esto tiene sobre las víctimas", dice un comunicado difundido por la querella.

En tanto, un comunicado difundido por la querella se queja de que el Tribunal haya ordenado una prórroga a la prisión preventiva de tan solo 18 días, cuando podría haberla extendido hasta 6 meses.

“Este Tribunal, desautorizando al Ministerio Público Fiscal y a la Jueza de Garantías a cargo de la investigación, quienes habían otorgado una prórroga mayor del plazo, ordenó su inmediata libertad, sin importar las graves consecuencia que esto genera en las víctimas”, detalla el texto.

Libre

 

Para poder andar por las veredas mendocinas, Pascual pagó $ 400.000 de fianza, lo que se añade a una prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos de la causa, así como a todo tipo de comunicación, a través de cualquier medio, más la prohibición de salir del país, por lo que debe entregar su pasaporte a las autoridades.

"Las víctimas vuelven a sentir que ni el Estado ni la Iglesia los escuchan" (Sergio Salinas)

El abogado Sergio Salinas, que integra la querella, admitió que lo ocurrido es “una decepción enorme. Las víctimas vuelven a sentir que ni el Estado ni la Iglesia los escuchan”. Para el letrado, la libertad de Pascual implica una doble vara. “Acá si sos poderoso o amigo de los poderosos quedás en libertad. Y en este caso se trata de una persona con poder y amiga de los poderosos”.

Pero Salinas no se quedó ahí. Señaló con nombre y apellido. “Alberto Bochategui, como interventor designado por el Papa Francisco, ha generado una obstaculización permanente tanto en La Plata como en Mendoza. Este hombre oculta la información, pone palos en la rueda. Y si no fíjense: es cuestión de ir a cualquier penal y ver cuántas personas en la situación de Pascual tienen posibilidad de estar en libertad. ¡Ninguna!”.

Por último, desde la querella agregaron que recusarán a los integrantes de la Cámara porque –según su perspectiva- “tienen una mirada burlesca de la investigación”.