En una sesión que duró más de 22 horas, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto de Presupuesto 2023, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, con la presencia en el recinto del ex titular de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa.

El debate de la “ley de leyes” comenzó cerca de las 13.30 del martes, luego que el Frente de Todos alcanzara el quórum con la presencia del interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, la UCR y Evolución Radical. En la previa, se estipulaba que el interbloque Juntos por el Cambio iba a acompañar en su mayoría y el resultado iba a ser más holgado, pero el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica se opuso. También votaron en contra el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza y Avanza Libertad.

En la votación particular, el Frente de Todos decidió avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro, para no perder en la votación. Sin embargo, mantuvieron el artículo 100, que preveía el pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial, el cual fue rechazado.

Con 134 votos en contra de ese artículo y 116 a favor, fracasó el Impuesto a las Ganancias para los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Votaron en contra los diputados de Juntos por el Cambio, los libertarios, el Frente de Izquierda, y se adicionaron los oficialistas María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Claudia Ormaerchea, Carlos Cisneros y Vanesa Siley.

Durante el debate, desde el oficialismo remarcaron que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces será de $237.850 millones para 2023. “Lamentablemente muchos de los Diputados de la oposición que el jueves aplaudieron que los jueces paguen Ganancias, a partir del Lobby del Poder Judicial, parece cambiaron de posición en pocos días. Seguiremos trabajando para eliminar este privilegios de los jueces.”, aseguró el diputado Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa, en su cuenta oficial de Twitter luego de la votación.

También se creó una tasa de Seguridad de la Aviación, con 123 votos afirmativos a 122 negativos se aprobó la nueva carga impositiva por el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales y de cabotaje.

La norma establecerá un monto que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

A su vez, se aprobó también el incremento de los aportes a las obras sociales por parte de los monotributistas de las categorías D a K, manteniéndose los valores para las categorías A a la C. 

Se le bajó la carga impositiva del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores del gremio de camioneros, que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo. Un reclamo histórico del gremio. 

El artículo 104 incluye “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (...) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.

Diputados aprobó también la deducción por gastos de educación en el impuesto a las Ganancias, con vigencia a partir de este año 2022, inclusive. El monto máximo a deducir tiene un límite del 40% del monto de la ganancia mínima no imponible.

Entre sus principales puntos, durante el debate se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.