Desde el 2 de septiembre usarán el uniforme para traslados, recepción de visitas y audiencias virtuales.
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Como en Estados Unidos, los reclusos de alta peligrosidad se vestirán de naranja en Santa Fe
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Alegan que el mandato de Juan Carlos González ya venció por lo que, acorde a la Ley Provincial, ya no debe seguir cobrando su sueldo como funcionario.
La presidenta del bloque de Diputados del PJ, Carina Segovia, pidió a la vicegobernadora Laura Montero que deje de abonar los haberes del Defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González.
“Este es un tema jurídico, nosotros consideramos que es un funcionario. Según la Ley Provincial mediante la cual debe ser designado este cargo, en su artículo quinto dice que dura 5 años en sus funciones mientras que en su artículo once entre las causales de cese se encuentra el vencimiento del mandato”, explicó la legisladora.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Daniel Rueda, Silvia Stocco y Patricia Galván. La propuesta surge dos meses después del escándalo que tuvo lugar en la Legislatura de Mendoza cuando se intentó elegir al nuevo Defensor de las Personas con Discapacidad pero todo terminó en gritos y chicanas entre oficialismo y oposición. Pese a lo ocurrido, no se reprogramó una nueva fecha para resolver el conflicto por lo que González sigue en el cargo pese a que venció su mandato de 5 años.
Para Segovia, dada la condición de vencimiento del mandato de González, no hay norma jurídica sobre la cual se fundamente la continuidad en el cargo de este funcionario. “No hay nada que sostenga que esta persona siga cobrando un sueldo por parte del Estado, según lo que dice la ley de Procedimiento Administrativo sería un usurpador del cargo. Nosotros sabemos que los actos están viciados de forma grosera cuando proceden de un usurpador”, dijo.
Y enfatizó: “Lo dicen los especialistas del Derecho Administrativo, lo afirma la Ley. Por lo tanto creemos que la Legislatura debe cesar en el pago a este funcionario, es más pedimos vista que se le dé a Fiscalía de Estado y a la Oficina de Ética Pública porque habría que analizar si no corresponde que devuelva los haberes mal percibidos”.
Desde el 2 de septiembre usarán el uniforme para traslados, recepción de visitas y audiencias virtuales.
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