El piloto argentino terminó 17° y 18° en sus primeros ensayos de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
"Pista de rally" y "Olor a porro": Las frases de Colapinto tras sus primeras prácticas en Las Vegas
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La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al coste que tuvo esta movilización en cuanto a efectivos y apuntó que "esto no tiene por qué asumirlo la gente".
Esta mañana, en la previa al paro general del 30 de abril, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó los esfuerzos de su cartera dirigidos a "garantizar que todos puedan llegar a sus trabajos".
Sus declaraciones llegaron después de que el lunes por la noche incendiaran dos colectivos de la línea 306 que pretendía prestar servicio normalmente una vez comenzado el martes.
Ahora, ya finalizados los actos y las movilizaciones, la funcionaria nacional se expresó a través de Twitter y apuntó contra "los organizadores del paro": "Les pasaremos la factura de 18 millones de pesos por el despliegue de seguridad de más de 6.000 efectivos".
"Este costo no tiene por qué asumirlo la gente", sostuvo en un breve pero contundente mensaje que generó todo tipo de reacciones.
Según la agencia de noticias NA, suman 39 las personas detenidas por la Policía de la Ciudad en esta jornada: 19 de ellas por intimidar a choferes de colectivos y las 20 restantes, por destrozos en sucursales de bancos ubicados sobre Av. De Mayo.
El piloto argentino terminó 17° y 18° en sus primeros ensayos de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
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Por su parte, la institución repudió las declaraciones del ministro de Justicia y el vocero presidencial, calificándolas como “falsas y malintencionadas”.
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La ministra de Seguridad se hizo presente en el lugar para reunirse con el embajador israelí, Eyal Sela, y dar información sobre lo que sucedió.
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El jefe de Gabinete reconoció que hay diferencias entre ambos, pero dejó en claro que ambos cumplen roles distintos dentro del gobierno.
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El Ministerio de Defensa informó la medida mediante un comunicado y dejó en claro que se trató de una “grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos”.
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