La frase de cabecera de los organismos que luchan contra la Violencia Institucional, es el sol que no se puede seguir siendo tapado con la mano. En pandemia, el rasgo violento de la Bonaerense, la policía con peor imagen del país, se acentuó. La tendencia no nació con el encierro masivo de la población civil sino que continuó la evolución que mostraba desde 2015. 

En este marco, el discurso de Sergio Berni, preparado para captar audiencias que sufren la inseguridad en primera persona, dispara una serie de interrogantes. ¿Es función del ministro de seguridad pararse en la puerta de una comisaría y acusar a la Justicia de liberar presos? ¿Es su mandato político acusar a los presos de que lo único que hacen cuando salen de la cárcel es robar? ¿Resulta estratégico discutir con oficiales de bajo rango de la Policía Federal por el ordenamiento vehicular en Puente La Noria frente a las cámaras de los canales de televisión? ¿Qué busca instalar un funcionario al irrumpir en moto en un allanamiento y bajarse con un fusil colgado en la espalda? ¿El perfil del ministro, cuyo apellido aparece pintado en paredes de toda la provincia de Buenos Aires como si estuviese en campaña, no influye en la toma de decisiones de un agente de policía? ¿El comportamiento corporativo de la Bonaerense, que Berni refuerza con mensajes claros hacia adentro y hacia afuera, pudo haber primado en la etapa posterior a la presunta desaparición de Facundo? Será el tiempo el encargado de comprobar estas incógnitas. 

Lo que sí ya fue comprobado empíricamente es que después de un caso de exceso por parte de las fuerzas policiales, se despliega el dispositivo de encubrimiento que arrastra a todos los agentes del área en cuestión a una suerte de pacto de silencio para garantizar la impunidad de los autores del hecho que se investiga. Una suerte de Omertá uniformada.     

Para Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, el caso Facundo "reviste de mucha gravedad. La principal hipótesis es la desaparición por parte de la Policía. Lo que está en juego es mucho más que el esclarecimiento del caso. Si efectivamente lo mataron, lo que hicieron para ocultar el crimen es peor. Hay una serie de relatos no consistentes".

Según Cipriano, la Bonaerense no es una fuerza de seguridad profesionalizada y bien entrenada. Sino que se trata de "una fuerza que regula el delito en territorio y comete delitos a diario. Son violentos, hostigan pibes, es una práctica generalizada en la provincia. En la causa queda constancia que los últimos que lo vieron fueron policías. Ojalá que aparezca y esté bien, por la familia y por la democracia".

Pero Bahía Blanca no es la cuna de todos los males. Para explicar el rasgo violento que tiene la Bonaerense, y que se acentuó con el encierro, la Comisión Provincial por la Memoria relevó otros casos que ocurrieron después de la desaparición de Facundo. Como si la realidad no hubiese bastado para que los agentes aprendieran a resolver los conflictos derivados de la prohibición de salir de casa.

"En pandemia, relevamos demasiados casos de violencia por violar el aislamiento. El uso letal del patrullero en San Nicolás por violar la cuarentena. En Saladillo pasó algo similar aunque los pibes no murieron sino que los balearon con postas de goma", aclaró Cipriano. 

El 1 de junio Ulises Rial y Ezequiel Corbalán murieron luego de ser embestidos por un patrullero de la Policía Bonaerense en San Nicolás. Ulises y Ezequiel viajaban en moto cuando fueron impactados por un móvil policial en el marco de una persecución, lo que les provocó la muerte. 

El 14 de junio de 2020, en Saladillo, Sebastian Lagraña denunció que la policía lo persiguió en un patrullero, que le chocaron la moto en que se trasladaba junto a otra persona, que fue herido con balas de goma en el abdomen, en una pierna y en la cabeza y que quedó abandonado, inconsciente, en el piso hasta que un vecino llamó a la ambulancia en la que lo trasladaron al Hospital zonal Dr. Posadas de Saladillo. La Policía negó haber participado en el hecho.    

El 19 de julio, fue el turno de Lucas Nahuel Verón, que regresaba de festejar su cumpleaños 18 a bordo de una moto junto con un amigo cuando fue asesinado por la policía en González Catán. Sus propios familiares lo trasladaron hasta el hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió.

En este caso, Cipriano denunció ante la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, "la connivencia del fiscal Tahtagian con la actuación ilegal de la Policía Bonaerense para intentar desvirtuar los hechos en los momentos posteriores" al homicidio. Ocurre que luego de perseguir y dispararles a los jóvenes, la Policía llevó al acompañante de la víctima y a su padrino a la comisaría, donde los encerraron en un calabozo hasta que firmaron un acta donde el joven de 17 años se hacía cargo del presunto robo de un teléfono celular. En ese momento, según la denuncia de la CPM, el fiscal se encontraba en la comisaría.

"El discurso de Berni -definió Cipriano- es habilitador para la Fuerza. Con Berni se terminó la reforma Arslanián, desde el punto de vista administrativo, se consolidó el poder policial. Desde que asumió Berni, primó el discurso de defensa sobre el accionar de la Policía".

Para revisar la postura ideológica de la Bonaerense, específicamente en Bahía Blanca y en pandemia, hay que retroceder hasta las semanas previas a la desaparición de Facundo. A mediados de abril, Luciano González, paseaba a su mascota junto a su pareja por la calle Bravard al 800 cuando fue retenido por agentes policiales. Y Luciano no la pasó para nada bien.  

"Ellos dicen como que nos resistimos a la autoridad y nosotros no hicimos nada. Ni siquiera lo insulté o le hablé mal. Le dije que por favor me acompañaran a buscar los permisos una cuadra", declaró Luciano a los medios locales.

Sin embargo, la actitud de los policías estuvo lejos de brindar seguridad. "Me dijo que no me iba a acompañar –denunció la víctima-, me agarró del cuello y me tiró al piso. Me puso la pata en la cabeza. Yo en ningún momento me resistí. Estaba con las manos para abajo". Luego de este episodio, la Jefatura Departamental de Bahía Blanca ordenó un sumario interno a los cuatro policías involucrados en el procedimiento.

En este sentido, el informe del Ministerio Publico Fiscal bonaerense del primer semestre de 2019 ya mostraba que Bahía Blanca era el segundo departamento judicial con más denuncias por este tipo de violencia. De acuerdo a esa estadística, los departamentos judiciales con mayor número de investigaciones penales por hechos de Violencia Institucional en el período enero - julio de 2019, fueron Lomas de Zamora, con 308, seguido por Bahía Blanca, con 244. Según las fuentes consultadas, el incremento de casos de este tipo de violencia, es mayor si se analiza el período 2015 a la actualidad.

A lo largo de la pandemia, se dijeron muchas cosas. Algunos especialistas señalaron presurosos que el encierro desnudaría los fenómenos latentes de una sociedad pos industrial. En el caso de la Bonaerense, está claro que no se equivocaban.