Cinco españoles condenados a nueve años de prisión por abusar de una joven durante en el 2016, conocidos como "la Manada", obtuvieron su libertad luego de haber atravesado dos años de condena, a modo de prisión preventiva.

El hecho generó una fuerte indignación social y política en España: cada uno de ellos tuvo que abonar una fianza de 6.000 euros, rodeados de una gran expectación mediática.

Desde que se supo la noticia, miles de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en distintos puntos del país para protestar por la decisión judicial, reviviendo las manifestaciones del pasado 26 de abril cuando se hizo pública la sentencia que los condenaba por abuso y no por agresión sexual (equivalente a violación).

En las concentraciones se repitieron las consigas "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos" o "Basta ya con la justicia patriarcal", convertidas ya en un referente en la lucha contra la violencia machista en España, y se mostraron pancartas con lemas como "Nos han declarado la guerra. Que la calle sea la cárcel".

Mientras, circuló una petición abierta en la plataforma digital Change.org para que los cinco miembros de "la Manada" sigan en prisión preventiva hasta que haya sentencia definitiva; en menos de 24 horas, sumó 600.000 firmas.

Impacto político

La indignación popular se trasladó también a la clase política española, cuyos principales representantes coincidieron en reclamar una mayor formación judicial sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.

A través de su portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno socialista español se hizo eco de la alarma social generada por la puesta en libertad de los cinco condenados y de la preocupación de las mujeres, a las que, dijo, "va a proteger".

Por su parte, los jueces que tomaron la decisión de liberarlos destacan que los condenados perdieron el anonimato, y el caso provocó un "rechazo social de tal magnitud" que hace "menos que impensable" el riesgo de reiteración delictiva y complica también la posibilidad de que se fuguen. 

Además, los magistrados alegan que los agresores "no tienen antecedentes por delitos sexuales" y, respecto a la protección de la víctima, todos ellos viven a más de 500 kilómetros de la joven.

Como queda el caso

A partir de ahora, los cinco miembros de "la Manada", José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero -recluidos en la cárcel de Pamplona-, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, deberán presentarse los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.

Según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido ir a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio español sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.