Si bien se espera conocer las precisiones y alcances de la nueva disposición una vez esta sea publicada en el Boletín Oficial, lo cierto es que en las últimas horas el Gobierno nacional, desde su ministerio en Desarrollo Productivo, decidió suspender los beneficios fiscales contemplados desde la ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. 

La legislación, reglamentada el 16 de octubre pasado desde el Decreto 708/2019, buscaba promover actividades basadas en el uso de la tecnología por parte de empresas exportadoras de software y servicios. No obstante, el Ejecutivo dio marcha atrás en una decisión que impactará en la actividad de firmas de peso como es el caso de Accenture, MercadoLibre, Globant y Deloitte, entre otras.

La resolución firmada por el titular en la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, suspende los plazos para procesar solicitudes de adhesión al régimen de promoción presentadas a la fecha “hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente”. 

La disposición pone así un freno a la alícuota reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias y la posibilidad de deducción del crédito fiscal por impuestos abonados en el exterior, cuando se trate de ganancias de fuente argentina.

También excluía a las empresas del sector del pago de retenciones y percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros beneficios.

Breve recorrido hacia la ley

Tras el tránsito por la ley de Promoción de la Industria del Software (N° 25.922) en tiempos de Roberto Lavagna como titular de Economía, se creó primeramente con la idea de un tratamiento fiscal especial para el sector que para comienzos de siglo era precisamente el Software y que hoy ha evolucionado hacia tecnologías digitales.

Se planteaban excepciones para las importaciones y un fondo fiduciario llamado Fonsoft, que apoyaba la generación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las pymes dedicadas a esta rama, entre otras herramientas.

Vencido el plazo de la normativa, el Gobierno de Mauricio Macri decide expandir el alcance de esa lógica a lo que se llamó "Economía del Conocimiento", que consiste en la producción de bienes y servicios basados en las tecnologías digitales que aplican al mundo digital y las denominadas "industrias creativas". 

En este proceso surgieron episodios que llamaron la atención desde los medios como el conflicto iniciado en noviembre del año 2017 cuando la AFIP concluyó que MercadoLibre debía devolverle cientos de millones de pesos por año al Estado porque no le correspondería acceder a los beneficios impositivos y laborales de los que hoy goza a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software, se transitó hacia nuevas modificaciones. 

Sugiriendo la posibilidad de irse del país, Galperín (CEO de Mercadolibre) tuvo el visto bueno del por entonces ministerio de Producción a cargo de Dante Sica y se determinó que “el 97% de la facturación (de la compañía) está directamente relacionada con las actividades promovidas por el régimen” de promoción de software. 

Con el apoyo político del por entonces Presidente Macri, en mayo del año pasado y por unanimidad fue que se aprobó entonces la ley que da lugar al Régimen de Economía del Conocimiento la cual modifica a la mencionada Ley N° 25.922.

A partir de esto se consideraba que "a partir del 1° de enero de 2020 podrán resultar inscriptas las empresas y comenzar a percibir los beneficios que se extenderán hasta diciembre de 2029". 

Alcances

Si bien las implicancias son muchísimas, destacan algunos casos. A saber, desde el artículo 7° de la legislación, se habla de la “Estabilidad Fiscal”, es decir, que los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

“La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos, así como también a los derechos o aranceles a la importación y exportación”, afirma la ley. 

En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, se estableció que “quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la reglamentación”. 

De igual manera, los beneficiarios de la normativa no estaban “sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado”.

Repercusiones

Una de los primeros en expresar su malestar al respecto fue Federico Pinedo, quien desde sus redes sociales consideró: "La economía del conocimiento genera 120 mil trabajos y 6 mil millones de US de exportaciones. Suspender el marco legal es grave porque se pueden ir con un click a otro lado. Pido al gobierno que apure la reglamentación y no ataquen a los que generan más trabajo". 

"Para poner a la Argentina de pie, no podemos seguir subsidiando a las grandes corporaciones", escribió por su parte Juan Grabois. 

Lo cierto es que con la eliminación de la estabilidad fiscal a diez años, el cambio en la fórmula del beneficio ya no atado al mínimo no imponible que fue suspendido en la ley de emergencia y los topes al beneficio por facturación como principales interrogantes, se permanece atento a lo que ocurra desde la cartera a cargo de Kulfas.