El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado
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Las distribuidoras de gas de Buenos Aires pedirán en la próxima audiencia pública un aumento de gas de entre 33% y 43%, que correrían desde el 1° de abril.
Las boletas de gas ya tuvieron un ajuste promedio del 45% en diciembre en Buenos Aires. La suba en las boletas es por la reducción de subsidios estatales a la industria del gas. Las audiencias públicas arrancarán el próximo martes.
Tanto Metrogas y Gas BAN buscarán proponer una tarifa plana, para amortiguar el impacto del mayor consumo (otoño/invierno) en las boletas de menor demanda de gas (primavera/verano).
El pedido de aumento para las distribuidoras tocará nuevamente el bolsillo del consumidor. En un hogar que consume 56 metros cúbicos por mes pagaba $ 239 mensuales en abril de 2017. Desde diciembre, esa factura trepó a $ 370, lo que representa un 55% de aumento.
De aplicarse la recomposición que solicitan las empresas, del 43% para abril-octubre, ese mismo cliente pasaría a abonar casi $ 530 mensuales.
El 55% de los clientes de Buenos Aires se encuentra en las categorías R1 y R2, que son las de menor consumo. En esos segmentos, el ajuste solicitado será de 40% a 43%. Eso es porque las categorías de mayor consumo ya vienen pagando un precio más elevado que los hogares que menos gas demandan.
La devaluación del peso frente al dólar también encarecerá las tarifas. De todas formas, según el Gobierno y las empresas, los aumentos no alcanzarán para eliminar los subsidios. Eso recién sucederá el próximo año en casi todo el país.

El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.
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Dijo que la medida busca profesionalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y reducir el gasto.
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Del esquema de aumentos quedaron expresamente excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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El presidente confirmó cuáles serán los primeros dos destinos a los que irá.
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Con la "ley de leyes" promulgada el Gobierno busca blindar su programa económico, con foco en el superávit, una mayor discrecionalidad en la gestión de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, así como también en el empleo estatal y el financiamiento de la educación y la ciencia.
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Por Decreto, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia. Críticas de la oposición.
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