La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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También la distribuirán en Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán. Se trata de la tarjeta del Plan Argentina contra el Hambre que permite la compra de alimentos para familias que tienen niños de hasta 6 años.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó hoy que el mes próximo el Gobierno comenzará a distribuir la tarjeta alimentaria en el Conurbano bonaerense y que su otorgamiento se extenderá, durante el mismo período, a grandes centros urbanos como Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán.
El funcionario recordó -en declaraciones a radio El Destape- que "empezamos la distribución de la tarjeta alimentaria en Concordia -la semana pasada-, una de las ciudades más pobres de Argentina, donde repartimos 7.000 tarjetas que representan 35 millones de pesos".
"Los 35 millones de pesos que ahora están en Concordia no estaban. Ahí el 30% de las compras fueron a lácteos, carne y fruta, que es a lo que apuntábamos".
Consultado sobre los controles del Estado en relación al funcionamiento de la tarjeta, Arroyo indicó: "Sólo registramos situaciones en dos comercios que le cobraron de más a la gente, y automáticamente actuó la fiscalía, y multó al comerciante".
El ministro subrayó que "hay un problema de hambre y de malnutrición" en el país y que de continuar así "íbamos a un camino de niños bajos y obesos".
"La situación de los jóvenes también es muy complicada, incluso la de los que estudian y trabajan", admitió Arroyo.
En materia económica, apuntó que "la tarjeta alimentaria va a representar 60.000 millones de pesos que se inyectarán en la economía local permitiendo la reactivación de esos pequeños mercados".
Y concluyó: "La implementación de la tarjeta alimentaria fue más que exitosa, en una semana lanzamos el plan más grande que tiene la Argentina".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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