La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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Desde el penal de Ezeiza, el ex funcionario de Planificación Julio de Vido le pidió al ministro de Justicia Germán Garavano que consiga los medios que se necesitan para ver los partidos de la Superliga y de la Selección Argentina.
"El sentido que tienen estas líneas es solicitar o mejor dicho exigir, como interno del SPF, ciudadano circunstancialmente detenido, nuestra igualdad ante la ley con el resto de nuestros conciudadanos de poder ver la Selección Argentina de Fútbol, como asimismo el campeonato de Primera División, actualmente o comúnmente denominado Superliga y obviamente otros deportes, fundamentalmente la de aquellos equipos que vistan la celeste y blanca", sostuvo.
A través de su cuenta de Facebook, el dirigente opositor se quejó de que los detenidos no tienen acceso a ver deportes: "Lo concreto es que aquí en la cárcel todos los internos estamos impedidos de ver no solo a nuestros equipos preferidos en el principal campeonato de la AFA sino a nuestra Selección en cualquiera de sus versiones deportivas, todo esto desde la supresión del programa Fútbol para Todos".
Y agregó: "O sea que solicito a usted, señor ministro, que reitero, es uno de los que pidió mi detención, que cese inmediatamente esta nueva discriminación, injusta, inhumana y arbitraria, que constituye para todos los presos y presas del Servicio Penitenciario Federal un claro y duro castigo expresamente prohibido en la Constitución Nacional".
"Esta solicitud es a título personal, pero defiende un derecho que nos corresponde a todos los internos del SPF, de no accederse a la misma, iniciaré desde lo individual pero impulsaré una demanda en forma colectiva por violación sistemática y acumulativa (cada partido que no podamos ver) a nuestros derechos básicos fundamentales contra el Ministerio de Justicia, haciéndolo a usted civil y penalmente responsable", advirtió De Vido.
Finalmente, concluyó: "Duermo muy bien, porque no cargo en mi conciencia con la libertad de un inocente".
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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