La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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La responsable del Golpe de Estado que ocurrió en Bolivia en noviembre de 2019 fue detenida junto a varios de sus ministros y más tarde fueron trasladados a La Paz, donde solicitaron su arresto.
La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en las últimas horas por las autoridades de la fuerza debido al Golpe de Estado que llevó a cabo en 2019 derrocando a Evo Morales y fue trasladada desde su domicilio en la localidad de Trinidad hasta La Paz, en donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares.
Al llegar al aeropuerto de la capital, la ex dirigente consideró ilegal su detención frente a la prensa mientras le hacían distintas preguntas y junto a ella se encontraban el actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo Del Castillo, y varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", escribió en sus redes sociales Del Castillo.
Y, además, el ministro felicitó a las fuerzas de seguridad por el "gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano". Mientras que, por su parte, la ex presidenta de facto denunció a través de las redes sociales "un acto de abuso y persecución política", escribiendo que el Gobierno "me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió".
La acusación de la fiscalía hacia Añez y varios de sus ministros fue por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Esta investigación inició en de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales, según precisó la agencia de noticias AFP.
La ex presidenta de facto llegó al poder en noviembre de 2019 en medio de varias jornadas de protestas tras unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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