"Escribo estas líneas desde mi casa, a donde me ha confinado el tribunal durante más de una semana. Soy un preso político. Un juez argentino me acusó de traición y del encubrimiento de funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra de la AMIA", así comenzaba la columna de opinión redactada por Héctor Timerman publicada ayer en el diario "The New York Tiemes".

"A veintitrés años del ataque, no hay detenidos y se sabe muy poco de los hechos, excepto que sucedieron. La investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 se anuló el juicio y se comenzó a investigar al juez que lo presidía", continuó el ex canciller

"El juez Claudio Bonadio —quien ahora me acusa de traición— dirigió la investigación de aquel encubrimiento, pero lo retiraron del caso en 2005, acusado de ser tendencioso y de haberse coludido para proteger a quienes frustraron la investigación inicial", expresó Timerman.

"El fiscal Alberto Nisman tomó el mando de la investigación de la AMIA y señaló a un grupo de funcionarios iraníes como autores intelectuales del ataque. Los tribunales ordenaron la aprehensión de los sospechosos y exigieron su presencia ante un juez, puesto que la ley argentina no permite los juicios en ausencia. Irán argumentó que sus leyes prohíben la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, el caso siguió paralizado durante una década más", explicó el político con prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
 

"Tener avances en el caso era una meta clave para el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que trabajé como canciller de 2010 a 2015. La solución consistió en un acuerdo entre ambos países: un juez argentino interrogaría a los sospechosos en Irán e iniciaría los procedimientos judiciales para llegar a la verdad y darle justicia a las víctimas. Para Bonadio, el acuerdo debilita la investigación criminal del caso de la AMIA y es el pretexto para mi acusación", explicó Héctor.

Además Timerman sentenció: "La traición es una acusación sin precedentes relevantes en la historia moderna de nuestro país. Para que un ciudadano argentino pudiera cometer traición, el país tendría que estar en guerra. Argentina e Irán no están en guerra y nunca lo han estado. No obstante, Bonadio justificó su acusación al decir que el ataque terrorista representa un acto de guerra. Arguye que el país ha estado en guerra durante veintitrés años, sin que se haya reconocido oficialmente, y contradiciendo toda jurisprudencia".

Sobre las acusaciones de Nisman, un día antes de su muerte, Timerman expresó: "Estaban forzadas, en parte porque aparecieron reportes falsos en los medios de comunicación que hablaban de que me había reunido en secreto en Siria, con Ali Akbar Salehi, quien en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de Irán. No me reuní con Salehi ni se presentaron pruebas fehacientes que sustentaran dicha acusación. El resto de las acusaciones en el caso se construyeron a partir de esta mentira, que niego categóricamente".

"Una parte vital de las acusaciones de Nisman está relacionada con las alertas rojas de la Interpol, una especie de orden de aprehensión cuyo objetivo es ayudar a las fuerzas policiales nacionales a localizar a los involucrados en casos criminales de interés internacional. Nisman, y ahora Bonadio, me acusan de eliminar estas alertas rojas pero, hasta hoy, no han sido modificadas. Me preocupó que esto hubiera podido suceder, ya que las alertas contribuyen a garantizar el cumplimiento por parte de Irán", agregó.

"No sé por qué el acuerdo se ha convertido en el centro de tal ira vengativa. No puedo entender por qué Bonadio parece determinado a perseguir el caso con evidencias tan endebles, ni por qué ha anunciado decisiones con una sincronía política tan sospechosa. Pero lo que sí sé es que se le acusa de intentar proteger a sus exaliados políticos, quienes estaban en la mira de las indagaciones relacionadas con la primera investigación de la AMIA", setenció Timerman.

"Bonadio ha rechazado la solicitud de liberarme del arresto, que al parecer podría durar mucho tiempo. Hace unos días, decidió que debo solicitar permiso para ser atendido por los médicos, una decisión que criticó Human Rights Watch. He solicitado que se me juzgue lo más rápido posible. Evitar que reciba atención médica a tiempo es casi como condenarme a la muerte. La Constitución argentina no contempla la pena de muerte pero, con un juez como este, no tengo garantía de ello", cerró el ex canciller.