El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado
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Es oficial: el 10 de marzo habrá una nueva audiencia pública para analizar los aumentos de gas que habrá este año que, según distintas versiones, podría rondar el 50% y 75 % dependiendo del consumo. El llamado fue publicado este jueves en el Boletín Oficial y determinó que el encuentro se realizará en el Teatro de la Ribera, ubicado en la avenida Pedro de Mendoza Nº 1821 de la Capital Federal.
Cabe recordar que el año pasado los aumentos de gas llegaron a superar más del 1.000% y, ante el conflicto, muchos usuarios presentaron recursos de amparo ante la Justicia. La Corte Suprema falló contra el Gobierno y fijó un tope máximo de aumento del 200% en promedio.
Durante el encuentro habrá una participación simultánea de usuarios e interesados de las ciudades de Paraná, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Rosario, Salta y Santa Rosa.
Quienes quieran participar, deberán presentarse en la Mesa de Entradas del ENARGAS, ubicada en el Subsuelo de la Sede Central del Organismo, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, o en los Centros Regionales que esa oficina tienen en distintas ciudades del país.

El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.
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Dijo que la medida busca profesionalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y reducir el gasto.
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Del esquema de aumentos quedaron expresamente excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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El presidente confirmó cuáles serán los primeros dos destinos a los que irá.
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Con la "ley de leyes" promulgada el Gobierno busca blindar su programa económico, con foco en el superávit, una mayor discrecionalidad en la gestión de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, así como también en el empleo estatal y el financiamiento de la educación y la ciencia.
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Por Decreto, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia. Críticas de la oposición.
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