La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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Según denuncian algunos productores, las bodegas mendocinas tienen una actitud abusiva: pagan en muchas cuotas, sin interés y fuera de plazo.
Martín Kerchner, ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, está buscando la forma de disminuir la deslealtad comercial en los contratos de venta de los productos vitivinícolas. Esta semana se reunió con el jefe de Gabinete, Alfredo Aciar, el intendente de Junín, Mario Abed y varios miembros de la Secretaría de Comercio Interior.
¿Cuál es el problema? Hasta no hace mucho, el acuerdo entre los productores de uva y las bodegas se hacía “de palabra”. Se estipulaba un precio y una fecha de pago; después cada una de las partes se adaptaba a lo pactado. Por supuesto, algunos no cumplían. Las fallas llevaron a que en diciembre pasado se creara un Registro Único de Contratos, por el que los acuerdos pasaban a estar escritos y a tener implicancia legal.
"Se revisarán todos los contratos de esta temporada" (Martín Kerchner, ministro de Economía, Infraestructura y Energía)
Pero incluso con ese aval persisten los incumplimientos. Las bodegas tensan la cuerda y los productores, a merced del dólar, la inflación y las contingencias climáticas, suelen perder plata.
Por eso Kerchner anticipó que "se revisarán todos los contratos de esta temporada y, en caso de detectar situaciones de especulación, el organismo nacional está facultado para aplicar las sanciones que contempla la ley".
Los productores dicen que este año los han presionado para aceptar pagos en 12 cuotas y sin ningún tipo de interés. Ahora se esperan sanciones para las empresas que concreten esos abusos. Kerchner, Abed y Aciar han ultimado detalles con Nicolás Odorico -subsecretario de Políticas de Mercado Interno- y Marcos Anchorena -director de Lealtad Comercial- para evaluar las sanciones a aplicar.
Desde luego, cabe la posibilidad de que los contratos sean "truchos". Es decir, que las bodegas obliguen a los productores a firmar algo que después no se cumple. De ser así, el contrato estaría "en regla", pero el abuso seguiría intacto.
Y la vitivinicultura es el ángulo más visible de un panorama preocupante. El Registro Único de Contratos, de hecho, abarca también las negociaciones que se realizan alrededor de otros productos frutihortícolas, donde suelen ocurrir las mismas irregularidades.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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