La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Lejos de mostrar remordimiento por los crímenes contra los derechos humanos realizados durante una de las etapas más oscuras de la historia Argentina, el represor Alfredo Astiz pidió ser juzgado por un tribunal militar para explicar su "actuación" durante esos años.
El militar que se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua, habló de "terrorismo judicial" y asoció a los hechos que involucran a los mapuches con hechos subversivos, en el marco de "una guerra sin tiempo".
Actualmente enfrenta el juicio oral por el crimen de la joven sueca Dagmar Hagelin, entre otros, los cuales sucedieron en las instalaciones de lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sobre esto remarcó que fue "juzgado tres veces" y en todos los casos desconoció los cargos.
Parte de las menciones que realizó Astiz sobre lo ocurrido durante los años 1976 y 1983, aseguró que "nunca" va a "pedir perdón por defender" a la "Patria", y continuó abriendo la gran herida de los argentinos: "se debe hacer lo que se tiene que hacer", cerró.
Entre las condenas más importantes que recibió el represor durante el comienzo de la democracia, se lo reconoce como uno de los principales responsables del asesinato de las monjas francesas, como así también el secuestro y muerte del primer grupo de Madres de Plaza de Mayo.
En este juicio oral y público fueron investigados los casos de 789 víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre los que se juzga a los pilotos de los llamados "vuelos de la muerte", donde se lanzaban a los secuestrados al mar o al Río de la Plata.
Inicialmente, se presentaron cargos contra 68 personas de distinto rango, aunque el número fue reduciendo a partir de fallecimientos o estados de salud delicados. Más allá de esto, muchos de los juzgados adoptaron la postura de Astiz y han desconocido sus cargos.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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