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La Biblia volvió a Palacio, quizás reemplazando de momento a la Constitución, y en espacio de poco más de una semana Añez supo, quiso y pudo confirmar las peores sospechas post golpe de Estado.
Con su llegada, la militarización como respuesta. En los diez días al frente del país, la autoproclamada mandataria centra su figura en la miitarización de la sociedad, en la intervención de los militares para su estadía al frente del país. Para esto la Presidenta Añez generó el terreno legal y económico necesario.
Con el Decreto Supremo 4078 eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, en tanto que con el 4082 les asignó recursos adicionales para equipamiento por 34.796.098 bolivianos (US$ 5.000.000).
Quizás sea por esto que a los 32 muertos y más de 700 heridos confirmados, se le presentan síntomas de las atribuciones que las fuerzas de seguridad se toman, como por ejemplo, reprimir el tránsito de un funeral, cuyas víctimas responden al escenario descripto en los párrafos anteriores.
