La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Un tribunal de la central provincia de Córdoba comenzó hoy (martes 21 de noviembre) a juzgar a 21 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 61 víctimas en dos centros de detención clandestinos, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga y José Quiroga Uriburu -que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba- dieron inicio a la "audiencia oral de debate" en la que se tratarán los hechos ocurridos en los espacios de detención y torturas "Campo La Ribera" y "D2", entre 1975 y 1978.
En el banquillo se sentarán ex policías, ex militares y civiles que integraban las fuerzas de seguridad acusados como supuestos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado en grado de tentativa, homicidios calificados, abuso deshonesto y violación agravada.
Entre ellos se encuentran el ex general Luciano Benjamín Menéndez -condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad-, el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales Ernesto Guillermo Barreiro, el ex jefe de los operativos de secuestro Jorge Exequiel Acosta y la ex policía provincial Mirta Graciela Antón, la única mujer imputada.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su página web, en el juicio se unifican dos causas que se tramitaron por separado: "González Navarro, Jorge y otros" y "Vergez, Héctor Pedro y otros".
La primera investiga los crímenes cometidos contra 36 víctimas en el centro ilegal de detención "Campo La Ribera" tras el golpe de Estado de marzo de 1976 y la segunda abarca los perpetrados contra 25 personas en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial desde febrero de 1975.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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