A casi un mes del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para repagar la deuda por US$44.000 millones contraída en 2018, las negociaciones no sólo encuentran trabas internas para avanzar. Ahora las complicaciones también son externas. El estallido del conflicto bélico en Ucrania dificulta el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y complica el cierre de las negociaciones por la “letra chica” del nuevo programa. 

Por afectar una región productora de commodities y abrir una etapa de modificaciones en el mapa del comercio internacional, la guerra trae consecuencias financieras y económicas que impactan directamente en las proyecciones macro que el Gobierno argentino intenta cerrar por estas horas con el staff del Fondo.

Energía, subsidios y tarifas

El conflicto más urgente es el energético. Pese a que nuestro país extrae gas necesario para la generación eléctrica, la producción local resulta insuficiente en momentos de uso intensivo de energía. En consecuencia, este invierno Argentina deberá adquirir gas del exterior en un contexto de shock para los mercados internacionales.

En este sentido, la Secretaría de Energía estimaba un precio de entre US$23 y US$24 por BTU de gas licuado para las importaciones que llegarían entre mayo y septiembre. Sin embargo, su cotización internacional tocaba los US$39 por millón de BTU esta mañana, con probabilidades de continuar subiendo. En consecuencia, el déficit de la balanza comercial energética deberá revisarse al alza.

IESA, la empresa encargada de importar las embarcaciones del combustible, no sólo pronostica subas de precios, sino también incremento en las cantidades importadas. Mientras en 2021 ingresaron 56 buques con el combustible, se proyecta la entrada de 65 para este año. De esta forma, el costo de las importaciones se ubicaría en US$3.500, siempre según la compañía estatal, y podría trepar a los US$4.000 en caso que los precios sigan subiendo.

Esto tiene un impacto en los números macroeconómicos por una doble vía. Por un lado, al tratarse de compras en el mercado exterior, se facturan en dólares que deberán salir de las alicaídas reservas internacionales del Banco Central. Por el otro, la suba en el costo de generación de energía deberá ser absorbido por el Estado a través de una suba de subsidios o trasladada a los usuarios mediante suba de tarifas.

Este es un punto clave, si no excluyente, para arribar a un acuerdo con el FMI. El entendimiento anunciado por Alberto Fernández el pasado 28 de enero implica un objetivo de reducción del déficit fiscal que alcance el 2,5% del PBI para este año. Para alcanzarlo, las partes se comprometieron en reducir el nivel de subsidios a la energía. Esto último será imposible de cumplir si el incremento en los costos de generación no es trasladado, aunque sea parcialmente, a los usuarios.

Un estudio elaborado hace algunas semanas por la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, en conjunto con Economía y Energía, de Nicolás Arceo, calculó que para cumplir lo acordado, que implica un recorte en subsidios de 0,4 punto del PBI, las tarifas de luz y gas deberían subir alrededor del 80% en promedio.

Por su parte, el organismo internacional reclama aumentos tarifarios del orden del 60% para cerrar el acuerdo, según trascendió de fuentes oficiales. En el rechazo del ejecutivo a este pedido se explica la dilación de la firma del Memorándum de Entendimiento, que se esperaba para esta semana. Evidentemente, el incremento del 20% y la segmentación de la quita de subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires no alcanza para saciar a los técnicos de Washington. Aunque los tarifazos no sean de la magnitud que reclama Kristalina Georgieva, probablemente el de marzo no sea el único de este 2022.

El agro y la inflación

Sin embargo, este oscuro escenario puede ser -aunque sea parcialmente- contrarrestado por otra de las consecuencias del nuevo escenario geopolítico: la suba en los precios de los commodities agrícolas. Por ser exportador neto de granos, Argentina podría compensar el drenaje de divisas mejorando su balanza comercial por precios, como ocurrió durante los dos últimos años, pese a que las proyecciones sobre las cantidades producidas están siendo revisadas a la baja por la sequía. 

El trigo subía más del 5% este jueves y se ubicaba por encima de los US$340 por tonelada en el mercado de Chicago, mientras la soja se acercaba a los US$620 y el maíz a los US$275 por tonelada. De esta forma, los granos se acercan a valores máximos en términos históricos.

En consecuencia, el aumento de los commodities amenaza con elevar el piso inflacionario en todo el mundo, particularmente en nuestro país. El mercado alcista excede a los granos. Por caso, el aumento del barril de petróleo a cerca de US$100 pondrá más presión a YPF para subir las naftas. Lo mismo ocurrirá con mercados no regulados, como el aluminio. Pero el traslado a precios internos de la cotización internacional de la “soja peronista” es particularmente peligroso por tratarse de insumos fundamentales para la elaboración de alimentos de primera necesidad.

Una herramienta que podría ser útil para contrarrestar este escenario comienza a deslizarse tímidamente desde Comercio Interior: un aumento en las retenciones.

El incremento en las alícuotas de los derechos a la exportación podría activar dos elementos positivos para la dinámica macroeconómica argentina. Por definición, se trata de una herramienta que busca desenganchar los precios externos de los internos a través de la reducción de estos últimos, con un efecto positivo sobre la inflación. Por otro lado, incrementaría la recaudación del sector público, lo cual podría compensar el gasto extra en subsidios energéticos mencionado anteriormente. 

Pero su consecuencia directa es el impacto en los márgenes de ganancia del agronegocio, que rechaza enfáticamente la medida. De hecho, esta misma semana la Sociedad Rural realizó una presentación judicial en la que busca declarar la inconstitucionalidad de las retenciones, con el objetivo de eliminarlas definitivamente. En este marco, el ejecutivo no considera un aumento en los derechos a la exportación aludiendo a las dificultades políticas que atravesaría por ingresar en un conflicto con el campo.

Con todo, la reducción del déficit fiscal deberá ser un objetivo principal si el Gobierno no quiere entrar en conflicto con el Fondo en las revisiones trimestrales que lo pondrán a tiro de default en caso de incumplimiento. Por ello, si el oficialismo no encuentra forma de recortar subsidios energéticos, ni de incrementar decididamente la recaudación, el ajuste del gasto vendrá por otro lado.