La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.

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La medida prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra sospechosos de cometer delitos tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros. Buscan recaudar $ 300.000 millones.

El Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio que el gobierno de Mauricio Macri creó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ingresó este miércoles al Parlamento y ahora deberá ser debatido en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para expedirse.
Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano había instado a los legisladores a que hicieran un aporte para perfeccionar el texto del decreto oficial que permite recuperar los bienes de la corrupción.
"Ojalá el Congreso pueda mejorar el DNU de extinción de dominio", expresó Garavano.
El decreto crea una "Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
No se descarta que el tema pueda ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias y tener el trámite convencional de una ley, tal como ocurrió el año pasado con el decreto para desburocratizar el Estado que luego fue convertido en tres leyes.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo -integrada por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas y que es presidida por el kirchnerista por Santa Fe, Marcos Cleri- es la única que funciona aún durante el receso del Congreso y podría reunirse próximamente para analizar la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada.

La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.
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