La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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La decisión no contó con el apoyo de la oposición, que argumentó que la temática no debía ser analizada ya que no está relacionada con la pandemia.
En plena pandemia por coronavirus, el Senado aprobó la validez del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
La medida tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia laboral, con herramientas y obligaciones impuestas al Estado, para que controle su efectivo cumplimiento, habilite vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
Además, genera una serie de obligaciones a los Estados para eliminar toda forma de violencia y acoso durante, en relación o como consecuencia de una relación laboral, ya sea en el ámbito privado o público, así como en el sector formal o informal.
��Con 42 votos afirmativos quedan sancionados por unanimidad el tratado de extradición con la República Federativa de Brasil, el tratado de extradición con Rumania y la aprobación del Convenio 190 de la OIT contra el acoso y la violencia de género en el mundo del trabajo
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 24, 2020
Además, considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos”, incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente y enmarca la situación entre los derechos fundamentales.
La decisión, sin embargo, no contó con el apoyo de la oposición, que argumentó que la temática no debía ser analizada en el Senado ya que no está relacionada con la pandemia por coronavirus.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ex canciller Jorge Taiana, destacó el valor del convenio y evaluó que muchas veces "el acoso y la violencia sobre las mujeres en el trabajo comienza en los mecanismos previos de selección del personal". En este sentido, el acuerdo destaca que la violencia puede afectar de manera desproporcionada a mujeres y niñas, apuntando a un enfoque inclusivo.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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