Este miércoles, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que buscan prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Las comisiones que lo tratarán a partir de hoy a las 18 serán la de Seguridad Interior y de Derechos Humanos. La reunión estará presidida por la diputada nacional del Frente de Todos Paula Penacca y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky.

El proyecto fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

Proyecto integral contra la violencia institucional

Entre sus aspectos más destacados, el proyecto de Ley contra la Violencia Institucional contempla la creación de un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad, en el que tendrá un especial protagonismo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Otro aspecto clave tiene que ver con la asistencia integral y reparación a las víctimas. En este sentido, se establece un acompañamiento psicosocial, asistencia jurídica y reparación económica. A su vez, la creación de centros de recepción de denuncias con el objetivo de aportar a la claridad y transparencia del proceso.

Asimismo, se prevé la creación de un registro nacional de violencia institucional que estará a cargo de la Secretaría, de manera de poder generar información estadística útil que permita elaborar diagnósticos claros y avanzar en la toma de decisiones.

A su vez, la iniciativa establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Y, además, define un protocolo para resguardar a las personas que participen de manifestaciones en la vía pública.

Este protocolo establece que en las manifestaciones queda prohibido el uso de armas letales por parte de las fuerzas policiales, a la vez que no puede participal personal de civil y el uso de móviles no identificables. A su vez, debe quedar garantizada la actividad periodística por lo que las y los trabajadores de medios no pueden ser detenidos ni ver obstaculizado su trabajo.

Por otro lado, el proyecto también indica que se deberá separar de su cargo a presuntos autores de un hecho de violencia institucional. Además, las fuerzas policiales, de seguridad o penitenciarias no podrán ofrecer patrocinio jurídico ni realizar tareas de auxiliar en investigaciones que involucren a agentes de las fuerzas.

La Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones acompañaron la presentación del proyecto

La presentación del proyecto se realizó el 10 de abril y contó con la presencia de la Secretaría de DDHH, organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de violencia institucional y organizaciones de la sociedad civil. 

Durante el acto, el secretario Horacio Pietragalla Corti celebró la presentación del proyecto: "Uno de los pilares de nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos es la lucha contra la violencia institucional, por eso entendemos que esta ley viene a respaldar una política de Estado, viene a dar herramientas de gestión que perduren más allá de los direccionamientos políticos, para construir los cimientos de una democracia que tiene que ser cada vez más plena". 

En tanto, Hugo Yasky, uno de sus impulsores reconoció que no esperan que "la ley sea una solución milagrosa, pero sí un aporte que va a significar poder avanzar en temas que muchas veces queden fuera de los debates urgentes, pero que son primordiales".

A su vez, Paula Penecca afirmó: "Creemos que esta ley es en beneficio del conjunto y no es en contra de nadie. Es un mensaje claro que tenemos que dar para saldar alguna vez esta deuda que tiene nuestra democracia".