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De la crisis financiera a la emergencia alimentaria

Mientras discutimos las medidas que toma el Gobierno frente a las subidas del dólar, las necesidades de financiamiento del Tesoro, el desembolso del FMI y las reservas del Banco Central, muchas veces perdemos de vista el impacto de este descalabro financiero en la economía real.

De la crisis financiera a la emergencia alimentaria

A partir del “reperfilamiento” de la deuda anunciado por el Ministro Lacunza, se desató un problema de liquidez dentro de las empresas. Esto se debe a que, en un contexto inflacionario como el que vivimos, los empresarios “protegen” sus resultados en pesos mediante su colocación en Fondos Comunes de Inversión cuyas carteras se componen por letras a corto plazo en pesos como las LECER, LECAP y otras, buscando rendimientos que neutralicen la inflación para no perder dinero hasta que la firma deba utilizar estos fondos, generalmente al momento de pagar salarios. 

Esta operatoria, que se encuentra bastante extendida entre grandes empresarios pero también entre pequeñas y medianas empresas, ha quedado atrapada por el default selectivo realizado por el Ministerio de Hacienda, lo cual repercute en faltante de caja para estas personas jurídicas que no podrán retirar sus fondos. 

La tasa por las nubes, la producción en el subsuelo

Pero este no es el único problema de liquidez para las empresas. Con una tasa de interés de referencia en niveles cercanos al 86%, es casi imposible que las entidades tomen crédito, el principal arma para generar inversión productiva en una economía. De esta forma, al día de hoy, la tasa efectiva anual (TEA) que ofrece el Banco Nación para el adelanto en cuenta corriente (la forma más extendida que tienen las empresas para financiarse) es del 101%, un número inédito en el mundo.

Como consecuencia del ahogo financiero, nos encontramos frente a 15 meses consecutivos de caída industrial, con un retroceso acumulado del 8,4% hasta el mes de julio, según los últimos datos disponibles del INDEC. Estos números redundan en despidos, suspensiones y cierre de fábricas.

Las pymes industriales son uno de los sectores más golpeados por la crisis: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 hasta junio de 2019 (casi la totalidad de la administración Macri) cerraron 23.051 empresas del sector y se perdieron 146.855 puestos de trabajo. Es necesario señalar que estos datos no contemplan las consecuencias de la profunda devaluación y suba de tasas realizadas con posterioridad a los resultados de las PASO.

El motivo de fondo de este desplome industrial es una combinación entre las altísimas tasas de interés, la apertura indiscriminada de las importaciones y la pérdida de poder adquisitivo de la población (consumo) cuantificada en 16.3% en estos tres años, lo cual explica que la capacidad instalada utilizada está alrededor del 58%, es decir que casi la mitad de las máquinas que tiene la industria se encuentran paradas. 

Impacto en el nivel de vida

Pero las consecuencias más graves de la crisis siempre las sufren las personas con menos recursos: los últimos números de la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el INDEC para el primer trimestre (otra vez, sin medir los efectos de la corrida post PASO) reflejan un aumento en los niveles de pobreza en 34,1% de la población y la indigencia al 7,9%, contra un 25.5% y 4.9% registrados en el primer trimestre del año anterior. 

El hecho de que 13,8 millones de personas se encuentren por debajo del umbral de pobreza y más de dos millones estén desocupadas en un contexto sumamente inflacionario donde el número del INDEC de agosto refleja 4% de inflación, la cual se profundiza en el rubro alimentos y bebidas con un 4,5%, puede ayudar a explicar el complicado escenario social que estamos viviendo, en momentos donde está en discusión un proyecto de ley de Emergencia Alimentaria y diversas organizaciones piqueteras realizan movilizaciones y acampes reclamando por trabajo y planes sociales. 

Pero si miramos hacia el Sur de nuestro país podemos encontrarnos con una situación aún más grave en términos económicos y sociales: la provincia de Chubut se encuentra completamente quebrada en términos financieros, donde los alcances de la quiebra son pagados por los trabajadores estatales y docentes, quienes cobran sus salarios en forma escalonada y al día de hoy no han recibido la primera cuota salarial correspondiente al mes de septiembre. El hartazgo se vio reflejado en una movilización de alrededor de 30 mil personas en la ciudad de Comodoro Rivadavia durante la semana pasada. El tiempo dirá si se trata de un caso aislado o es un reflejo del futuro que nos espera.