La compañía había quedado sujeta a privatización en la segunda versión de la Ley Bases.

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Graciela Sosa pidió justicia por el asesinato de su hijo, en el marco de la fecha, que no se llevará a cabo personalmente en el marco de las medidas preventivas por coronavirus.
Este miércoles 18 de marzo se cumplen dos meses del crimen de Fernándo Báez Sosa (18) en Villa Gesell. El joven adolescente fue a divertirse junto a sus amigos a Le Brique, un boliche de la ciudad balnearia cuando un grupo de rugbiers lo atacó brutalmente y le quitó la vida en la entrada del lugar.
Por el hecho, fueron detenidos Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi bajo la carátula de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y por las "lesiones" que sufrieron sus amigos.
Los acusados esperan la audiencia que definirá cómo continúa su futuro, si se confirmarán o no las prisiones preventivas, que el 14 de febrero pasado dictó el juez Mancinelli. Sin embargo, con motivo de sumarse a las medidas de precausión y de evitar la propagación del coronavirus, la audiencia se suspende y no se llevará a cabo de manera personal.
Así lo comunicó el periodista Mauro Szeta vía Twitter. "Por medidas preventivas por coronavirus, se suspende la audiencia clave en Cámara de Dolores prevista para este jueves 19 de marzo. La audiencia no se hará en persona. Las partes se expedirán por escrito", detalló.
Por su parte, Graciela Sosa, madre del joven asesinado, difundió mediante la cuenta de Twitter de Julieta Rossi, un video breve pero contundente. Allí, de pie, vestida de negro y con la foto de su hijo y un rosario entre sus manos pidió: "El 18 de marzo se cumplen dos meses del asesinato de Fernando, que el 19 se haga Justicia. No a la domiciliaria".
Estaba previsto que la audiencia comenzara a las 11 en el primer piso del edificio judicial de la calle Belgrano 141. Iba a ser televisada por un canal local a pedido de la defensa de los imputados. Además de los acusados debían presentarse su abogado defensor, Hugo Tomei; el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, en representación del Ministerio Público Fiscal; y los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.
La compañía había quedado sujeta a privatización en la segunda versión de la Ley Bases.
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