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A un mes de la histórica sanción, la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo presenta avances y obstáculos en diferentes provincias.
A un mes de la histórica sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 31 de diciembre de 2020, la implementación de la norma que habilita el aborto legal presenta hasta el momento avances y obstáculos en las diferentes provincias del país.
Para garantizar el acceso a la norma, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva difundió el 0800 222 3444, contacto al que cualquier persona del país puede llamar para denunciar obstáculos en la atención o pedir información. La herramienta está disponible de lunes a viernes de 9 a 21, y sábados, domingos y feriados, de 9 a 18.
Además, en esta línea, el Gobierno habilitó un formulario online para denunciar obstaculizaciones al acceso a la IVE. Se trata de una vía de reclamo dentro del área de Defensa del Consumidor, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Hasta el momento, trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires registraron un aumento de hasta el 50 por ciento en las consultas que se reciben sobre abortos a partir de la ley. "El volumen de llamados creció considerablemente (más del doble) debido a la visibilidad de la ley y la enorme difusión que tuvo. Habilitamos también el correo institucional saludsexual@msal.gov.ar para recibir consultas y estamos reforzando la línea 0800 Salud Sexual para la atención”, contó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a Pagina12.
Tras la sanción de la norma, cada provincia evalúa sus estrategias de implementación en coordinación con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
Para llevar a cabo la ley, esa Dirección compró 35.000 tratamientos de misoprostol durante 2020 y el gobierno nacional previó la compra de más del doble de misoprostol que el año pasado. Las dosis se distribuyen a través del programa Remediar a las direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a centros de salud.
¿Cómo viene el avance de la implementación en las provincias?
En San Juan y Mendoza, de la región de Cuyo, la venta de misoprostol está prohibida en las farmacias, lo que dificulta el acceso a este derecho para cualquier usuaria de obras sociales, ya que sólo puede obtenerse en el sistema hospitalario.
"No existe en Mendoza el pedido voluntario de IVE, no podés ir al centro de salud, a tu médico o médica a pedir la interrupción voluntaria del embarazo, todo es por 0800, debido a la ley de prohibición de venta de misoprostol que está vigente desde 2009”, dijo Gabriela Dik, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de esa provincia, en diálogo con Página12.
La provincia de Buenos Aires fue la primera en difundir un protocolo de IVE, elaborado por los Ministerios de Salud y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Así, oficializó la aprobación de la "Guía de Implementación de la Interrupción del Embarazo" para la aplicación de la ley en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la provincia.
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires, ya cuenta con el nuevo formulario de consentimiento informado desde el lunes de la semana pasada. Con él, a partir de que una persona solicite un acompañamiento de aborto seguro se la puede comenzar a acompañar.
La implementación de la ley en la provincia tuvo un principio amargo dado que durante la primera semana de vigencia de la ley, el Hospital Privado de Córdoba hizo una publicación a favor de la objeción de conciencia institucional, que no está contemplada en la norma aprobada.
Además, en Córdoba, el bloque completo de los cuatro diputados y diputadas por la provincia tuvieorn un voto negativo en el tratamiento de la ley IVE. Sin embargo, hasta el momento la implementación avanza positivamente.
"El gobierno provincial distribuye misoprostol, esto lo viene haciendo bastante bien, desde 2019. Se recibió misoprostol de Nación, hubo una compra de la provincia y hubo distribución para el interior de la provincia", contó la articuladora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en esa provincia.
En la provincia de Chaco hubo un lamentable retroceso en la implementación de la norma. El 28 de enero, la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial número 19 de Resistencia, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la ley de aborto en Chaco.
En la medida, los demandantes, encabezados por Hilda Beatriz Dellamea, entre otros referentes de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la ley promulgada. En su presentación, este grupo de personas argumentaron que el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho "a la vida y a la libertad, desde la concepción" a todas las personas.
Así, el gobierno de Chaco volvió a trabajar con el marco legal anterior: aplica la Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo con el Código Penal vigente desde 1921. La diferencia es que hace falta acreditar que el embarazo es producto de violación o afecta la salud de la mujer, algo innecesario con la actual ley, vigente en el resto del país.
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La vocera del organismo, Julie Kozack, también destacó que el programa actual ha generado “resultados increíbles”, mencionando avances en la inflación y las reservas.
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