Iniciada por una denuncia del ex ministro de Energía, Javier Iguacel, la causa investiga 51 contratos que desde el Estado fueron otorgados a la empresa de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Es decir, se plantea que, con Cristina a la cabeza, se habría favorecido a Báez tanto en la adjudicación de obras como en su ejecución y el eventual pago. El diferencial entre los montos iniciales y finales son los que se habrían blanqueado en otras dos causas conocidas como son Los Sauces y Hotesur.

Según plantean los fiscales que llevan la causa, la mayor parte de las obras no se terminaron y, las que sí, se hicieron por mucho más dinero y en un plazo mucho mayor al original.