El empresario José María Núñez Carmona aseguro ante el juez federal Ariel Lijo que contó con capacidad económica para realizar un blanqueo patrimonial en el 2009, hecho por el cual esta detenido, y presentó documentación sobre sus bienes.

Lo hizo mediante un escrito que presentó a través de su abogado Matías Molinero en el juzgado, que días atrás dispuso su detención por asociación ilícita y lavado de dinero.

Núñez Carmona presentó el saldo de ingresos y ventas entre 1989 y 1998 de su empresa OM Buenos Aires SA por un total de 14.524.728,38 de pesos.

"Todos y cada uno de los ingresos detallados permitirán tener por acreditada sobradamente la capacidad económica de mi defendido durante el período analizado", sostuvo en el escrito Molinero.      

Lijo lo acuso por el blanqueo de más de 4 millones de pesos y unos 795 mil solares, y que ese dinero se administró en acciones de empresas de Núñez Carmona con el ex vicepresidente Amado Boudou, detenido por el mismo hecho.

"Señor Juez los bienes exteriorizados e ingresados al blanqueo, son exclusivamente aquellos detallados, no existió el blanqueo de dinero en efectivo a que se refiere, como así tampoco existió la pretendida inyección de fondos en sociedades que compartía mi asistido con el Sr. Boudou. El Sr. Boudou jamás ha sido accionista de Vail Investment SA ni mucho menos de Embarcaciones Argentinas SA", sostuvo.

"El Sr. Núñez Carmona poseía capacidad económica suficiente, conforme surge de los antecedentes acompañados, para acogerse al blanqueo por los montos de la exteriorización realizada", concluyó el abogado.

De esta forma, pidió el empresario que se le permita hacer el descargo de bienes pues el delito de enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello había pedido instar a que justifiquen tanto Núñez Carmona como Boudou su patrimonio.

"Las propias constancias del expediente, agregadas ya desde 2013, permiten corroborar el descargo de mi asistido en orden a cual fue el origen, el motivo y el destino, de las transferencias de julio de 2009 y marzo de 2010", dijo el empresario.

"No es posible sostener, como pretende la decisión de fecha 3 de noviembre, que se ha tomado conocimiento de esas transferencias recientemente, ya que los informes del Banco Central de la República Oriental del Uruguay agregados a la causa datan del año 2013", concluyó.