Durante su discurso frente a la Asamblea Legislativa del martes pasado, el presidente Alberto Fernández afirmó que “la inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento”. 

A la hora de cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gabinete económico celebra haber impuesto en su texto el reconocimiento a una visión “multicausal” del fenómeno, una postura contraria a la tradición del organismo.

“Hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral”, señala el comunicado emitido por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el apartado del texto emitido oficialmente por el FMI para referirse al entendimiento apunta más bien a la receta ortodoxa que nos tiene acostumbrado el organismo: atacar la emisión monetaria y subir las tasas de interés. 

“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, reza el comunicado del Fondo.

En este marco, el acuerdo proyecta una inflación para este 2022 que se ubicará entre el 38% y el 48%. Sin embargo, hoy se encuentra estacionada por encima del 50% interanual, y las proyecciones de las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central pronostican un 55% para este año.

Con todo, dos puntos centrales de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional conspiran contra el objetivo de reducción del déficit: los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la aceleración en la depreciación diaria del dólar.

Las tarifas 

Para alcanzar el 2,5% de déficit fiscal acordada para este 2022, ambos documentos hacen especial referencia al recorte en los subsidios destinados a la energía. Por caso, durante el año pasado el Gobierno gastó el equivalente a US$11.000 millones en este rubro. 

Originalmente, la suba del 20% sería la única actualización del año. El propio ministro Guzmán lo confirmó en su conferencia de prensa del 28 de enero donde anunciaba el preacuerdo con el Fondo. Sin embargo, lo firmado este jueves implica incrementos tarifarios adicionales.

La quita de subsidios quedará estipulada en tres grupos, que estarán discriminados según la evolución de los salarios (principalemente en blanco) del Coeficiente de Variación Salarial: “ a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior”, señala el comunicado de Economía.

Un cálculo rápido arroja que las tarifas se triplicarán para los usuarios del grupo a), aumentarán un 21% para el grupo b), y subirán alrededor del 42% para el grupo c). Estos incrementos, como los que se establecerán para el sector comercial e industrial, afectarán irremediablemente en la inflación, empujándola al alza.

El dólar

Como mencionamos anteriormente, este no es el único tema que presionará en el nivel de precios. El acuerdo con el Fondo contempla una aceleración en las devaluaciones periódicas que realiza el Banco Central a través del mercado oficial de cambios. 

A ello apunta el comunicado del Fondo cuando señala que “el programa también buscará fortalecer la balanza de pagos de Argentina a través de políticas que apoyen la acumulación de reservas y las exportaciones netas, y que allanen el camino para un eventual reingreso de Argentina a los mercados internacionales de capital. Dichas políticas incluirán las políticas monetarias y fiscales prudentes ya descritas, así como políticas para mantener un tipo de cambio efectivo real competitivo en el contexto del régimen de paridad móvil”.

Cabe recordar que, durante el año pasado, la cotización del dólar mayorista subió un 22,1%, contra un IPC que avanzó un 50,9%. Para este 2022, se espera que la depreciación del dólar acompañe el nivel de precios, para sostener un nivel “competitivo” de las exportaciones.

Al ser un país exportador de productos que se usan como insumos para la producción de alimentos en el mercado interno, la competitividad del sector externo se traslada en incrementos de precios locales. Con los productos importados ocurre algo similar. Al subir el dólar, aumenta su costo en pesos, ya sea de bienes finales como intermedios que sirven de insumos para la industria local. De esta forma, una suba más acelerada de la divisa estadounidense repercute también en la inflación. 

Y la guerra

Sobre este complicado escenario para la economía argentina se proyecta la sombra del conflicto bélico en Ucrania. La guerra generó un shock sobre los mercados internacionales de commodities. Para nosotros, es importante señalar las consecuencias en dos mercados particulares: el de energía y el de productos agrícolas. 

La disparada en el precio de la energía puede llevar a que, eventualmente, el esquema tarifario acordado deba ser revisado. Esto se debe a que Argentina no es capaz de extraer la cantidad necesaria de gas para generar energía eléctrica durante el período invernal de alta demanda. Para compensar, y no sufrir apagones, nuestro país suele importar gas licuado.

Pero el conflicto en Europa del Este está modificando todos los cálculos previstos por la secretaría de Energía. En concreto, durante el año pasado se importó GNL a un costo de alrededor de US$8 por millón de BTU. Hoy su costo está cercano a los US$50. Sus consecuencias son dobles: más salida de reservas del Banco Central y más gasto en subsidios (o aumentos de tarifas).

Además, el enfrentamiento se da en un área que explica el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. El salto en el precio internacional del cereal, así como otras materias primas agrícolas como el maíz y la soja, son una buena noticia para el comercio exterior argentino. Al ser exportadores netos de commodities agrícolas, es posible incrementar el ingreso de dólares y una mayor recaudación tributaria por medio de los derechos de exportación (retenciones).

La contracara de esta escalada la estamos sufriendo en estos momentos, con los faltantes de trigo y harina que se multiplican en todo el país. No sólo los productores buscan trasladar al mercado interno los nuevos precios internacionales, sino que dilatan la venta de sus productos esperando un aumento aún mayor si el conflicto bélico continúa.

En consecuencia, el gobierno impulsó la creación del fideicomiso del trigo, un instrumento de subsidios cruzados entre privados, sin injerencia del Estado. "La implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales", señaló la secretaría de Comercio Interior en un comunicado.

Sin embargo, difícilmente se logre contener los aumentos sin una política de intervención estatal con las herramientas disponibles, como los cupos a la exportación o la aplicación de retenciones que desacoplen del mercado interno las subas abruptas en las cotizaciones internacionales. 

Pero esto parece estar por fuera del radar oficial de política económica. De hecho, se apunta en sentido contrario. Lo firmado con el Fondo acentúa la "salida exportadora” del ejecutivo, que implica otorgar beneficios impositivos para los sectores más competitivos en el mercado externo con el objetivo de incrementar las exportaciones y acumular dólares. Un consenso compartido con el FMI, quién reclama las divisas para que sus acreencias sean canceladas.

Mientras tanto, las consultoras dan cuenta del recalentamiento inflacionario. El índice de alimentos y bebidas de LCG arrojó una inflación mensual de 4,8% promedio en las últimas 4 semanas. Para Consumidores Libres, el precio de su “canasta básica de alimentos” aumentó 4,29% durante febrero.

Como dijo Alberto Fernández, atento a las encuestas, la inflación es el principal problema de los argentinos. Sin embargo, es lógico que tanto el FMI como el Gobierno subestimen la inflación proyectada. Por un lado, presentar un número más bajo del esperado puede actuar como ancla para frenar la inercia de los contratos, como las paritarias. Por el otro, si los cálculos del programa firmado fueron elaborados bajo la premisa de una inflación del 38-48% para este año, una nominalidad mayor funcionará como aliada para cumplir con los objetivos planteados, a través del ajuste “silencioso” que implica incrementar las partidas presupuestarias por debajo de la evolución de los precios y, por lo tanto, de la recaudación.