Lo dijo el asesor económico de la administración republicana, Kevin Hassett, luego de que la medida entrara en vigor el sabado.

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Se acerca la fecha de votación y aún quedan posturas indefinidas: el trabajo de las y los legisladores para que sea ley.
El pasado miércoles, senadoras del Frente de Todos afirmaron que trabajarán hasta última hora para buscar convencer a las y los legisladores indecisos y quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo para lograr la sanción de la ley el próximo 29 de diciembre.
Nancy González, senadora del Frente de Todos por Chubut dijo que aún no están los números definidos. "Hasta el 29 vamos a seguir trabajando con los compañeros que están indecisos y también con los que están en contra", afirmó en diálogo con AM Del Plata.
Existen rumores sobre que legisladores a favor de la legalización de bloques opositores cambiarían su voto para no darle una victoria al gobierno de Alberto Fernández.
Sobre esto, la oficialista por San Luis, María Eugenia Catalfamo, sostuvo en Futurock: "No se pueden oponer a una ley porque la envía el Presidente de la Nación, hay que ser más empático y correrse de las cuestiones partidarias".
Tanto Catalfamo como González coincidieron en que será una votación "histórica". Además, la senadora de San Luis reconoció que la propuesta puede ser "perfectible" debido a los pedidos de cambios por parte de algunos senadores, como el rionegrino Alberto Weretilnek, pero consideró que "hoy por hoy" la iniciativa debería ser aprobada tal como vino de la Cámara de Diputados.
La introducción de cambios sustanciales en el articulado, como propone Weretilnek, respecto a la objeción de conciencia y a los plazos para que se permita el aborto en casos de violaciones después de la semana 14 implicaría devolver el texto a la Cámara baja para una segunda revisión.
Sobre esta posibilidad, Alfredo Luenzo, legislador del Frente de Todos por Chubut, sostuvo que "no desearía que vuelva a Diputados" la iniciativa ya que "estaríamos en un escenario mucho más complejo" y planteó entonces la alternativa de "corregir con la reglamentación", que recae en el Poder Ejecutivo.
"En la reglamentación se van a contemplar todos aquellos temas que son parte del debate y a corregir todas las cosas que se señalan en cuanto a los objetores de conciencia", indicó.
Lo dijo el asesor económico de la administración republicana, Kevin Hassett, luego de que la medida entrara en vigor el sabado.
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