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Actualidad #Aborto#Aborto legal#despenalización del aborto#Debate por el aborto

Aborto legal: las modificaciones al proyecto de ley para sumar indecisos

El miércoles 13, Diputados debatirá la despenalización del aborto.  A dos días de la votación, el escenario sigue abierto  
Aborto legal: las modificaciones al proyecto de ley para sumar indecisos

En tan solo dos días, el proyecto de despenalización del aborto se votará en el Congreso. En una disputa reñida, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo entró en el último tramo con un final aún incierto.

El debate sobre la despenalización del aborto comenzó con los diputados divididos en tercios, entre los que acompañan la iniciativa, quienes se pronunciaron en contra y los indecisos.

Hasta el momento, la postura que rechaza el aborto legal obtiene una corta ventaja sobre los que defienden la iniciativa, por una diferencia de al menos 10 votos. 

El martes se firmará, en consenso, el dictamen para el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. El debate será al día siguiente en la Cámara de Diputados y, como no pasarán siete días entre la firma del dictamen y la llegada al recinto, ingresará “por tablas”.

Esto significa que serán necesarios, además del quórum, los dos tercios de los votos de los presentes para habilitar el debate. Los distintos bloques, tanto a favor como en contra, acordaron el tratamiento por lo que estaría asegurada la sesión.

Sin embargo, las modificaciones al texto original del proyecto en el marco del debate parlamentario sumaron más adhesiones a favor del proyecto.

¿Cuáles son los puntos principales del proyecto?

El proyecto establece que se garantizará “el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. Fuera de ese plazo, se garantizará el derecho de acceder al aborto en casos de embarazo producto de una violación; el riesgo de la vida de la mujer o persona gestante; inviabilidad extrauterina de la vida del feto.

Además, será necesario el “consentimiento informado” de la mujer o persona gestante previo a realizarse el aborto. En el caso de menores, deberá respetarse su interés y quienes tengan menos de 16 años podrán realizarse un aborto previo consentimiento informado.

Una vez solicitada la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer o persona gestante tendrá derecho a que se lo practiquen en un plazo no mayor a cinco días corridos. Además, deberán tener atención previa y posterior al aborto, así como un acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada.

En sintonía con lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño, se reforzó la inclusión de los contenidos de educación sexual integral en todos los niveles educativos.

Respecto a los establecimientos de salud, no se deberá pedir ningún tipo de autorización judicial previa, con el objetivo de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.Tampoco podrán interponerse requisitos y en caso de determinarse el traslado a otro centro de salud, el plazo de días para realizar el aborto será el mismo (5 corridos).

Los profesionales de la salud deberán informar los alcances y consecuencias de un aborto y no se podrán anteponer consideraciones personales o religiosas. El profesional no podrá negarse a practicar un aborto a menos que, previamente y por escrito, haya manifestado la objeción de conciencia a las autoridades del centro médico.

Además, se modificará el Código Penal y se establecerán sanciones para quienes practiquen el aborto sin el consentimiento de la mujer o lo hagan con el consentimiento de la misma pero después de la semana 15. También se penará a quien dilate la práctica cuando fuera requerida o si la mujer, por dicho dilate, no pudiera acceder al aborto. Además, dejará de ser delito la interrupción voluntaria del embarazo con consentimiento hasta la semana 14 y posterior en los casos mencionados.

El proyecto también establece la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de obras sociales, el establecimiento de políticas de salud sexual y reproductiva y un registro estadístico para registrar la evolución de la práctica.