El presidente defendió su gobierno y dijo que la justicia social es una "aberración".
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Javier Milei dio un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaba hace 4 décadas una visita al país para verificar las denuncias sobre terrorismo de Estado, con detenciones y desapariciones forzadas.
“La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”. Así comienza el documento firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que resume las observaciones de la histórica visita al país, hace cuatro décadas, en plena dictadura cívico-militar.
Los enviados, entre otras cosas, comprobaron el estado de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otros centros de detención; se entrevistaron con el entonces presidente Jorge Rafael Videla y también con las Madres de Plaza de Mayo.
Fue un duro traspié para los militares, que tres años después dejaron el poder con miles de personas desaparecidas, en el período más oscuro de la historia argentina.
Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente, las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.
La dictadura cívico-militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a los integrantes de la CIDH, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos.
Pero la presión ejercida por el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH visitara el país.
Aquellos días, el aparato de comunicación de las Fuerzas Armadas repartió cientos de miles de obleas con la leyenda: "Los argentinos somos derechos y humanos". Mientras que el relator de fútbol, José María Muñoz, conocido por su apoyo desenfadado a favor de los militares, convocaba a Plaza de Mayo para festejar el triunfo de la selección juvenil que capitaneaba Diego Maradona y dirigía César Luis Menotti ganaba la final del Mundial Sub-20 de Japón, al imponerse por 3-1 al representativo de la Unión Soviética.
Aquella movilización pasó por las puertas de la sede de la OEA, en la Avenida de Mayo al 700, donde decenas de personas hacían más de tres cuadras de cola para presentar su denuncia ante la CIDH.
"Era una fila larguísima que daba vuelta a la manzana. Todos éramos familiares que desde hacía años buscábamos a nuestros desaparecidos", recuerda Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, secuestrado por los grupos de tareas de la ESMA en febrero de 1977.
Cristina trabajaba en Alpargatas, tenía en esos años dos hijos chicos y el 7 de septiembre se presentó ante la CIDH. "La gente pasaba con banderas argentinas y nos gritaban cosas, nos escupían a los que estábamos haciendo la cola. Era como si perjudicáramos al país. Era muy duro", recuerda Muro en diálogo con Télam sobre aquella jornada en la que Videla saludó desde el balcón de la Casa Rosada a la multitud que se había convocado en la Plaza de Mayo para festejar un triunfo deportivo.
Los miembros de la CIDH se entrevistaron con los integrantes de la Junta Militar -Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini-y fueron recibidos por Videla, acompañado por Luciano Benjamín Menéndez, titular del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba.
"Desde principios de 1979, los marinos comenzaron a refaccionar la ESMA. Sacaron una escalera que conducía al sótano donde nos alojaban e hicieron otras reformas", evoca Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA que luego testificó en el juicio a la Juntas de Comandantes.
Basterra integró un grupo de prisioneros que fue trasladado durante la visita a un predio llamado “El Silencio”, que se encontraba en una isla del Tigre.
"Nos tuvieron un mes en ese lugar. Engrillados y con esposas. La casa donde estábamos se inundó y nos enfermamos del estómago. Nos dejaron ahí encerrados y los guardias no se animaban a entrar donde estábamos por el olor que teníamos", recuerda.
La dictadura negó las acusaciones e intentó infructuosamente que la OEA rechazara esas conclusiones, pero la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina había sido develada y documentada, y fue ese el primer paso en un recorrido que años más tarde llevaría a la Justicia.
El presidente defendió su gobierno y dijo que la justicia social es una "aberración".
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