Vale recordar que según precisa el Instituto Nacional de Estadísticas, la colectividad venezolana es la más numerosa en Chile, con algo más de 400.000 migrantes, aunque se prevé que a partir del cierre de la frontera a raíz de la pandemia y el consecuente aumento de ingresos por pasos fronterizos inhabilitados, el número puede ser incluso mayor. 

Como primera respuesta a los hechos ocurridos durante el fin de semana, el ministro del Interior de la Nación, Rodrigo Delgado, marcó que desde la administración nacional van a seguir fortaleciendo el plan de fronteras con más personal y más medios técnicos "para poder detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina".

Pero poco o nada de esto parece tener que ver con lo realizado desde el Gobierno de Piñera en esta segunda administración que desde su regreso al Palacio de la Moneda y previo al estallido social tuvo en la migración uno de sus ejes legislativos. 

El primero de los puntos tuvo lugar a días de cumplir el primer mes en el Gobierno y retomando un proyecto presentado durante su gestión inicial, cuando el mandatario dio a conocer la reforma migratoria para reemplazar la normativa vigente desde el año 1975.

Advirtiendo que Chile es el país latinoamericano donde más creció el número de inmigrantes en los últimos años, la reforma hace mención específica de dos nacionalidades en particular: la haitiana y la venezolana.

Sobre los venezolanos, se anunció la creación de una visa de responsabilidad democrática a solicitarse en el consulado chileno de Caracas y que otorgaría un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable en una oportunidad y que luego abriría las puertas para convocar la residencia definitiva. 

Con relación a los haitianos, el requisito de una visa consular de turismo simple a quienes con un máximo de 30 días busquen ingresar a Chile "con fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas". 

Lógicamente, como este trámite debía ser solicitado desde Haití y una vez en Chile no se podía cambiar de visa de turista a una temporaria, la medida significó una barrera para los cientos de miles de haitianos que, como ya veremos, llegaron al sur de América buscando una mejor calidad de vida.

Sobre estos dos casos y la legislación en general, por aquel entonces el director social del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, consideró, casi que premonitoriamente, que "corremos el riesgo de que en busca de una migración segura, ordenada y regular, tengamos una insegura, desordenada e irregular".

Sobre diciembre de ese 2018, el presidente Piñera informó desde el Palacio de la Moneda el rechazo al Pacto Mundial de Migraciones, el cual se consagró en 2016 y se plasmó en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

Como detalla Haroldo Dilla Alfonso, este documento sintetiza “8 principios y 23 objetivos que abarcan temas como la actualización y el intercambio de informaciones, la eliminación de discriminaciones, el combate contra el tráfico de personas, las fronteras seguras, la potenciación de los migrantes como aportes a los países de origen y de destino y la cooperación para facilitar los regresos”. 

“No nos parece conveniente, ni para Chile ni para los chilenos suscribir un pacto que dificulta el proceso de poner orden en nuestra casa en materia de migraciones”, argumentó el mandatario, quien centró su crítica en que el documento de la ONU no distingue entre migración regular e irregular y garantizaría los mismos derechos a ambas categorías de migrantes.

Primero votando en contra y luego absteniéndose, Chile ingresó de esta manera a un pequeño grupo de países con muchísimas restricciones en materia de migración y que desestiman la aplicación de un pacto no vinculante que, como nuevamente señala Alfonso, simplemente “pretende respetar los Derechos Humanos y hacer la vida más fácil para los 258 millones de migrantes que hay en el mundo”.

Si sobre el inicio de esa década llegaban 988 haitianos por pasos habilitados, en 2017 ingresaron 110.166,  representando el 12,5% de los inmigrantes en el país y siendo la tercera comunidad detrás de la venezolana (30,7%) y la peruana (16,3%). 

Las políticas promovidas desde la administración Piñera rompieron esto, evidenciando, en este caso, el destino de miles de haitianos que junto a los migrantes venezolanos continúan su derrotero por un continente que no da respuestas.

La semana pasada comenzó oficialmente la campaña presidencial que este 21 de noviembre y más que posiblemente el 19 de diciembre decida quien será el próximo presidente chileno. 

De esta manera, frente a un legislativo que desde Diputados hoy iniciará la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto y una sociedad movilizada por una eventual nueva constitución y el retiro de los fondos de pensiones, la agenda de los migrantes parece ser uno de los ejes que también marcará a los siete candidatos que a partir del 11 de marzo próximo busquen arribar al Palacio de la Moneda.