En las elecciones nacionales del 27 de octubre el Frente Amplio no pudo ganar la Presidencia en esa primera vuelta, al tiempo que obtuvo un resultado bastante paradójico. 

Por un lado una más que clara ventaja por sobre todos los demás partidos. Sin embargo, en ese mismo proceso perdió la mayoría parlamentaria, así como el peso político de cara al ballotage del domingo último. 

Resultado: un Parlamento sumamente conservador. El Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto (las fuerzas que corrieron por detrás del Frente Amplio en ese llamado), tendrán la posibilidad de formar una coalición con mayoría en las dos Cámaras y con la alternativa, bastante presente, de plantear una agenda de ajuste y apertura comercial.

Así lo sugiere y delinea el acuerdo firmado por cinco partidos de la oposición ahora oficialismo que, si bien fue pensado con el propósito único de desplazar al frenteamplismo del Palacio Estévez, además, van a legislar. 

Esto con la confirmación de un Senado que será presidido por Beatriz Argimón (vicepresidenta electa) y que plantea como importante subrayar que la Cámara Alta se presenta como un paso político necesario donde existen proyectos que requieren sí o sí de su aprobación en el camino. 

En Uruguay una buena parte de las reformas pasan por la negociación parlamentaria y la disciplina partidaria, algo a estrenar en algunos casos de esta Asamblea, garantiza la regularidad de los legisladores en tanto que la división de poderes funciona con un sistema balanceado donde la corrupción es de las más bajas en América Latina.

Esa facultad la tendrá entonces un legislativo que decididamente se movió a la derecha alcanzando una representación que en buena parte de los uruguayos presenta similitudes al año 1972 y la impunidad para los crímenes de Estado post dictatorial. 

No en otro escenario se hubiera podido avanzar, en simultáneo a las elecciones que dieron forma al Parlamento, con un plebiscito que simboliza el peso específico que la agenda de seguridad ha tenido en este proceso electoral. 

“Firmamos por más seguridad” era la bandera de lo que 280.000 firmas después terminó siendo un plebiscito impulsado por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga y rechazado, no sin obtener un apoyo a considerar, por la ciudadanía. 

La reforma se basaba en tres ejes (el aumento de penas, la habilitación de los allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional integrada por el Ejército), siendo esta última propuesta, en principio con 2000 efectivos militares, la que se llevó los flashes, así como un repudio casi instintivo de la izquierda charrúa. 

Ante un Ejército como el de Uruguay, que aún no ha pedido disculpas públicas por los crímenes de lesa humanidad llevados adelante durante la última dictadura, lo cierto es que la consulta fue el síntoma más concreto del progresivo peso que la seguridad y su antónimo fueron gestando a una oposición unida. 

El resultado, Cabildo Abierto, un partido fundado este mismo año y que contó con 268.736 de adherentes.

Con el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos como artícife, la cuarta fuerza más votada del país presenta una postura extremista en asuntos como los derechos humanos, la seguridad y las libertades individuales. 

Como entienden los especialistas locales, el germen del miedo está instalado en Uruguay.

Fortalecido tras lo que fueron las elecciones internas en el mes de junio, quien perdiera el mano a mano del año 2015 frente a Tabaré Vázquez, vuelve a poner al Partido Nacional al frente del país. 

Si algo parece haber aprendido de esa derrota es la necesidad de lograr consensos para poder derrotar al Frente Amplio en una instancia de ballotage.

Para esto, el poco menos del 30% obtenido en octubre lo decidió a volcar sus acuerdos con la oposición desde el documento “Compromiso por el país”.

Estructurado en trece ejes, Lacalle Pou y sus aliados priorizan desde su base temas que van desde el crecimiento económico y el déficit fiscal hasta educación y salud.

Pero en eso, teniendo en el eje delincuencia y narcotráfico sus puntos de mayor atención, con la intención del establecimiento de la emergencia nacional en seguridad pública y una reforma del sistema carcelario la intención de disminuir las altísimas cifras de homicidios.

Como plantea el historiador Gerardo Caetano, Uruguay no es una isla. En su formato y con sus ritmos, ha tenido una evolución a la derecha, vinculada con una sociedad descontenta, que quizás en términos económicos parecería exagerado, pero que frente a la desaceleración económica y la agenda de seguridad en agenda, ha elegido. 

El inesperado éxito de un partido construido en torno de un liderazgo militar expone acá también, donde parecía menos pertinente asumirlo, una región que transita hacia la derecha, teniendo en la seguridad un eje articulador de una buena parte de la sociedad. 

Esto representa Luis Lacalle Pou como Presidente. A partir del 1 de marzo, sino ya, el panorama político uruguayo transitará entonces rupturas radicales sobre los 15 años de gestión frenteamplistas y las prioridades desde allí otorgadas.