Reforzar la doctrina de seguridad no es algo novedoso, en Estados Unidos tampoco. El presidente ha insistido desde finales del año pasado en conseguir los fondos del Congreso (quienes manejan el Presupuesto) para poder conseguir su muro.

Las tensiones producto de un Partido Republicano que es minoría en la Cámara de Representantes decantó en un cierre parcial del Gobierno por 35 días, el más largo de la historia del país.

El pasado 25 de enero Trump decretó su reapertura por tres semanas, buscando en ese plazo continuar las negociaciones. Sin embargo, el mandatario no recibió un sólo dólar de los 5700 millones que esperaba.

Otorga “poderes especiales y temporales” para poder tener mayor peso en el manejo de una crisis que “amenaza” a un país, que al momento se ha percibido en esa situación 58 oportunidades.

Si bien suele utilizarse esta posibilidad constitucional para justificar la proyección internacional del país sobre el mundo, lo cierto es que en este caso responde a un propósito interno.

Según lo dispuesto por ley, el Presidente puede decretar el estado de emergencia nacional pero posteriormente deberá explicar al Congreso de la Nación, tanto los motivos de esta acción, así como el dinero necesario para afrontar la “amenaza”.

El futuro de este llamado tiene dos posibilidades:

Por un lado, el Partido Demócrata puede buscar rechazar este proceso, sin embargo, para esto necesitaría dos tercios en cada Cámara, algo que seguramente dilate la eventual decisión por la actual composición de las mismas (Republicanos mayoría en el Senado, Demócratas en la Cámara de Representantes).

La segunda alternativa sería buscar llevar el caso a los tribunales de Justicia. Al momento, considerando lo inviable del pedido, esta parecería ser la posibilidad más viable y con mayor probabilidad de éxito (demócrata).