El dólar. Si sobran o no sobran los pesos en la economía. Los traslados de tres jueces desconocidos. Las internas del gabinete. Estos son algunos de los temas que dominan la actualidad nacional. Mientras tanto, en las últimas semanas comenzaron a publicarse los primeros datos sobre la realidad económica y social en la que estamos parados. 

La pandemia y las políticas adoptadas para frenar su expansión generaron una crisis económica a nivel global. En nuestro país, este shock golpeó sobre una economía en crisis desde el 2018 y estancada hace diez años. La caída del PBI argentino durante el segundo trimestre del 2020 fue del 16,2%. De esta forma, las consecuencias del coronavirus en el tejido social argentino profundizan una situación que ya era delicada.

Pobreza

El Indec publicó los números de las “condiciones de vida” de la población, correspondientes a los primeros seis meses del 2020. Informó que el 40,9% de las personas son pobres en nuestro país. La metodología establecida por el centro de estadísticas oficial establece que estos informes sean publicados semestralmente. Sin embargo, no parece ser el mejor lapso de tiempo para analizar los datos correspondientes a estos tiempos tan particulares. El hecho de que hacia fines de marzo el coronavirus haya llegado a nuestro país representa un evidente cambio estructural, entre el primer y el segundo trimestre de este año. De esta forma, el organismo pondera los datos de ambos períodos, difuminando los efectos de la pandemia entre la situación previa. 

Por este motivo, un informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), dirigido por Claudio Lozano, director del Banco Nación, tomó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para discriminar los números correspondientes al segundo trimestre del año corriente. De allí se desprende que los números son mucho peores a los difundidos por el organismo oficial: un 47,2% de los argentinos son pobres, lo cual equivale a 21.417.832 personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. La indigencia, por su parte, abarca a 5,6 millones de personas, o un 12,4% de la población. Las cifras son devastadoras dentro de los niños y niñas: la pobreza infantil (entre 0 y 14 años) llegó a ubicarse cerca del 65%, casi 7,2 millones de chicos pobres, y 2 millones de indigentes, un 18,4% de los niños.

El escenario de la pobreza infantil es particularmente dramático. Es una realidad que limita el acceso a los derechos de las infancias. Además, ensancha las brechas de desigualdad en el futuro. La reducción en las posibilidades de desarrollo personal repercuten directamente en su incapacidad eventual para introducirse en el mercado de trabajo. De esta forma, la pobreza e indigencia infantil anticipa no sólo un escaso desarrollo personal, sino también un estancamiento productivo y de desarrollo nacional.

Vale recordar que el final del Gobierno anterior dejó la tasa de pobreza en 35,4% y la de indigencia en 7,7%. Con un piso elevado, los números que introduce la pandemia son impactantes. Si los comparamos con otras situaciones económicas y sociales dramáticas como la crisis de la hiperinflación, nos encontramos en un lugar muy similar. En 1989, el pico de la medición de aquel entonces, la pobreza llegó al 47,3%. Si buscamos consuelo, encontramos que aún estamos lejos del 57,5% registrado hacia fines del 2003, el peor período de la salida de la convertibilidad. 

Ingresos

Dentro del informe del Indec, se estima que el ingreso total familiar promedio de los hogares que se ubican en situación de pobreza es de $25.759 mensuales. Por su parte, la canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes, que utiliza el organismo para establecer el umbral de pobreza, se ubica en $44.000. Mientras tanto, el haber mínimo jubilatorio, que cobra cerca de la mitad del universo retirado del mercado laboral, se encuentra en $18.129. El Salario Mínimo Vital y Móvil aparece por debajo: $16.875.

Este último derecho no cumple con los lineamientos de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual define al SMVyM como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. De esta forma, vemos que incluso una porción importante de trabajadores ocupados se encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

Según el último informe publicado por el Indec, el índice de salarios total (incluyendo trabajadores registrados y a no registrados) aumentó un 32,6% en julio de 2020, con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, esto implica una pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados cercano a los 10 puntos porcentuales, ya que la inflación acumulada en el mismo período de tiempo llegó al 42,4%. Si estiramos la serie estadística, veremos que el salario real (una vez descontada la inflación) viene cayendo sostenidamente hace años.

Estos números corresponden a los trabajadores en relación de dependencia. Por fuera de las mediciones se ubican más de 5 millones de cuentapropistas e independientes (monotributistas), que vieron sus ingresos muy disminuidos por la pandemia. El empobrecimiento de la población que describimos anteriormente se plasma en un aumento de la desigualdad. En su informe sobre el tema, correspondiente al segundo trimestre del 2020, el organismo de estadísticas oficiales advirtió que en los últimos doce meses la brecha de ingresos entre familias ricas y pobres aumentó de 20 a 25 veces.

Desocupación

Evidentemente, hay un universo de personas que se encuentran en una peor situación que quienes sufrieron una pérdida de salario real: los desocupados. En su informe sobre el mercado de trabajo, el Indec concluye que en el segundo trimestre la tasa de desocupación trepó al 13,1%. Por su parte, la tasa de empleo llegó al 33,4%, el valor más bajo registrado desde el año 2002. De esta forma, durante el período analizado se perdieron 3,7 millones de puestos de trabajo. 

Sin embargo, una publicación del IPYPP sobre estos números advierte que “en un marco de caída inédita del empleo, la desocupación ´sólo´ llegó al 13,1% debido a que se produjo también un fuerte descenso de la tasa de actividad, que implicó que 3,6 millones de personas dejaran de buscar trabajo. Si eso no hubiera ocurrido, la tasa de desocupación habría llegado al 29,1%”.

Esta caída en los niveles de ocupación afectó brutalmente sobre el sector informal de la economía, el cual representa alrededor de un tercio del total. En concreto, la contracción dentro de los asalariados no registrados fue del -44,7%.  En el mismo sentido, aparece “una importante reducción en la cantidad de patrones (-42,9%) que puede vincularse a la contracción de pequeños comercios y propietarios y también en los trabajadores por cuenta propia (-29,7%)”, advierte el informe de Lozano. Como se ve, la destrucción de empleo tuvo su correlato directo en el aumento de la pobreza e indigencia.

Género

Para el Indec, el mayor incremento en la tasa de desocupación interanual se registra en las mujeres de 14 a 29 años, para quienes la desocupación aumenta en 5,1 puntos porcentuales (de 23,4% a 28,5%). Mientras los varones del mismo grupo etario crecen 4,1 p.p. (del 18,6% al 22,7%). Las tasas de empleo entre las mujeres de cualquier grupo etario relevado por el Indec se encuentra por debajo de los varones. 

Como señalamos anteriormente, la crisis económica es una disrupción donde se incrementan las brechas de ingresos. En un país donde 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres, las crisis tienen impactos diferenciados en términos de género. De esta forma, aunque la publicación del Indec no se refiera a esta problemática en particular, el salto en la pobreza e indigencia tiene un mayor efecto en la población femenina.

Respuesta

 

Frente a este escenario, el Gobierno ensaya algunas medidas de contención. Recordemos que el desplome en el nivel de empleo se dio pese a la vigencia de la doble indemnización y al decreto que prohíbe los despidos. Incluso, cuando la Anses se hizo cargo de parte del pago de salarios a través del programa ATP. Los dirigentes sindicales acordaron suspensiones a cambio del 75% del salario para millones de trabajadores. Todas estas medidas destinadas a “proteger el empleo” no llegaron a cumplir su objetivo.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fue ideado justamente para aquellas personas que perdieron sus ingresos. El Gobierno rescata que sin esta política de asistencia, las cifras de pobreza serían mucho peores. Sin embargo, una medida que estaba diseñada para ser otorgada mensualmente resultó ser bimestral. Incluso, en estos momentos existen serias dudas sobre su continuidad.  

Evidentemente, las políticas de asistencia tomadas por el ejecutivo no fueron suficientes para frenar el derrumbe en las condiciones de vida de la población. Frente a esto, es válido el argumento oficial que presenta un Estado quebrado, heredado por la administración anterior. Pero también puede argumentarse una falta de voluntad dentro del gabinete para tomar medidas audaces que le otorguen fuentes de financiamiento.

El caso del impuesto a las grandes fortunas, ahora aporte solidario, es una muestra de esta falta de iniciativa. La medida fue introducida hace meses como una inyección de fondos por parte de las mayores riquezas del país hacia los sectores más vulnerables. Pero el proyecto enviado finalmente al Congreso prevé que un 25% de lo recaudado sea destinado a programas de exploración y desarrollo de gas natural. Con todo, nada garantiza que el proyecto se convierta en ley. 

Una discusión que escapó a las mencionadas en la introducción a esta nota es la que gira alrededor del recorte del gasto público. Es posible argumentar a favor o en contra de este concepto. Lo que no corresponde es hacerlo en abstracto, sin incluir en el debate el escenario de catástrofe social desarrollado anteriormente. El ministro de Economía dice públicamente que no es su intención recortarlo. El Presupuesto 2021, de su autoría, dice lo contrario.