El Gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por US$44.000 millones, tomada bajo la gestión de Mauricio Macri. 

A pesar de haber extendido las negociaciones durante 2 años, el cierre se dio en un contexto adverso para el Ministerio de Economía: a pocas horas de un vencimiento que dejaba expuesta la debilidad de las reservas del Banco Central, en medio de una fuerte presión sobre la brecha cambiaria y la certeza de que el Fondo sigue siendo el mismo de siempre (pide ajuste).

Más allá de este escenario, Alberto Fernández anunció esta mañana un acuerdo con el cual “podemos ordenar el presente y construir un futuro”, que “no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”. A continuación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó detalles sobre lo acordado.

El programa 

Como es sabido, al contrario de lo que ocurre con los acreedores privados, el FMI no permite reestructurar las deudas contraídas. Lo que ofrece el organismo frente a la imposibilidad de cumplir un programa es la firma de uno nuevo, que sea utilizado para cancelar el anterior. 

Esto es lo que anunció Guzmán hoy. Un nuevo programa por dos años y medio, durante el cual el organismo internacional realizará los desembolsos de dinero necesarios para cancelar el stand by contraído en 2018. Luego habrá un período de 10 años para cancelar este acuerdo nuevo, que comenzaría en 2026.

El Fondo hará revisiones trimestrales para comprobar que las metas acordadas hayan sido cumplidas, un condicionamiento para efectivizar el desembolso. Estas metas fueron resumidas por el ministro en su conferencia de prensa, donde estableció “cuatro bloques desde el punto de vista macroeconómico”.

Política Fiscal

El primer apartado al cual hizo referencia fue el fiscal. Recordemos que el 5 de enero Guzmán había advertido que en este punto residía la diferencia fundamental entre la postura oficial y la del organismo internacional, ya que Economía planteaba un sendero que culminaba en equilibrio fiscal en el año 2027 y el Fondo reclamaba un horizonte más cercano para la eliminación del déficit.

Esta mañana, el funcionario dijo que “se plantea una reducción gradual del déficit fiscal: para 2022, se proyecta un 2,5%; para 2023, un 1,9%; y para 2024, un 0,9%”. Sin embargo, el acuerdo se logró “sin que haya políticas de ajuste”.

¿Cómo es posible recortar el déficit sin ajuste? “Atacaremos los problemas de evasión, sobre todo en el segmento de mayor contribución, y dispondremos de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero”, puntualizó Guzmán. Se desprende que el Gobierno apunta a achicar el rojo fiscal a través de incrementos en la recaudación, en lugar del clásico recorte del gasto. 

La política fiscal del 2021 puede ayudar a aproximarnos al camino que realizará el gabinete económico para alcanzar el sendero fiscal planteado. El resultado primario del año pasado arrojó un déficit del 3% del PBI, un punto y medio menos de lo presupuestado originalmente (4,5%). Esto se pudo hacer sobre la base de un fuerte repunte de la recaudación, apalancado en el crecimiento de la actividad económica del período. 

Pero al mismo tiempo se realizó un recorte en el gasto público de forma silenciosa, a través de partidas presupuestarias que crecían por debajo de la inflación, lo cual es conocido como licuación. Este recorte en el gasto social y jubilatorio fue lo que denunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carta posterior a la derrota electoral del oficialismo en las PASO del año pasado.

Pese a la retórica de Guzmán durante esta mañana, resulta útopico pensar que las nuevas metas puedan lograrse sin continuar con el sendero de recorte del gasto público. Las propias proyecciones del ministro lo adelantan: en su proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente no fue aprobado, el déficit para este año se estipulaba en 3,3% del producto. Pero la meta consensuada con el fondo se establece ahora en 2,5%. 

La dificultad para alcanzarla se profundiza por el peso que tuvo el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas ("Impuesto a la Riqueza") en la recaudación de 2021 (alrededor de medio punto del PBI), y los ingresos extraordinarios por los derechos de exportación. De cara al futuro, el Gobierno anunció que no repetirá el primero, y los segundos dependen de factores que escapan a las decisiones oficiales, máxime si se aprueba la Ley Agroindustrial, que beneficia impositivamente al sector.

En lo inmediato, el foco estará puesto en la reducción de los subsidios económicos. Particularmente, en las transferencias a las empresas de transporte y distribución de electricidad y gas. En principio, el Gobierno adelantó que avanzará en un aumento del 20% de las tarifas de luz y una segmentación de subsidios.

Política monetaria 

 

El segundo bloque expuesto por Martín Guzmán fue el monetario y financiero. “Habrá una reducción gradual y decidida de la asistencia monetaria que realice el Banco Central al Tesoro”, dijo el ministro y explicitó las metas: “se apunta a que en 2022 el financiamiento sea 1% del producto, en 2023 esté en 0,6% y en 2024 sea cercano a 0”. 

El problema de la emisión monetaria está estrechamente ligado al déficit fiscal. En caso de que se logren las metas fiscales, la asistencia del BCRA usando la “maquinita” se irá reduciendo. En paralelo, y sobre todo si el déficit acaba siendo superior al estipulado, el Tesoro deberá financiarse a través de deuda colocada en el mercado local.

Luego de un 2021 donde las asistencias totales de la autoridad monetaria al Tesoro equivalen al 4,6% del producto (según las estimaciones privadas), Guzmán buscará fortalecer el financiamiento en el mercado de deuda en pesos a través de “una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos, con el objetivo de fortalecer la demanda de los activos y contribuir a la estabilidad cambiaria”.

Existen dos riesgos inmediatos de esta política. En primer lugar, la consecuencia clásica de subir tasas de interés es el encarecimiento del financiamiento de la inversión privada, lo cual puede desembocar en una desaceleración del crecimiento. Por otro lado, subas en la tasa de referencia empeorarían aún más la hoja de balance del Banco Central, a través de un crecimiento de sus pasivos remunerados. Concretamente: agrandar la bola de nieve de las Leliq, cuyo stock superó los $3 billones y se agranda al ritmo de la tasa.

Inflación

El tercer bloque del acuerdo gira en torno a la política para frenar a la alta inflación. “Se acordó un enfoque integral. Se parte de la premisa que es un factor multicausal y que hay que atacar todos ellos de forma concurrente”, dijo el ministro.

Esto explicita un entendimiento alcanzado con el staff del Fondo hace un tiempo. Implica un alejamiento de los postulados ortodoxos del organismo, que centraban la causa de la inflación exclusivamente en lo monetario, para adoptar una visión multicausal. En este sentido, se conjugará la reducción de la emisión monetaria con los acuerdos de precios con el sector privado.

Más allá de la discusión teórica, lo cierto es que el Frente de Todos no ha logrado frenar el aumento de precios. Diciembre reflejó un incremento del 3,8% de los precios al consumidor, y las consultoras privadas anticipan que el número de enero se mantendrá cercano al 4%.

De hecho, dos de los pilares fundamentales del acuerdo son inflacionarios: subas en las tarifas eléctricas y de gas tienen consecuencias en los costos de producción; así como una aceleración en el ritmo de depreciación cambiaria. 

Política cambiaria

Este último punto es el cuarto bloque. “Se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales para favorecer la resiliencia en el foco externo. Se plantea una meta para 2022 de crecimiento de las reservas de US$5.000 millones”, señaló Guzmán.

Pese a que el ministro no lo hizo explícito, se espera que el ritmo de devaluación del peso se emparde al del nivel de precios, como viene insinuando el Banco Central en sus últimas intervenciones en el mercado de cambios. Sin embargo “no va a haber ningún salto cambiario”, por lo tanto la depreciación se realizará de forma gradual, a través de pequeños deslizamientos diarios. 

La incógnita es cómo piensa el ministro llegar al objetivo de acumulación de reservas para este año. Durante el 2021 tuvimos un superávit comercial de US$14.750, con exportaciones llegando a niveles récord. Pero esto no tuvo su correlato en las reservas del Banco Central, donde su delicada situación ayuda a explicar los días de tensión cambiaria que nos preceden. 

Pese a que el oficialismo se prepara para aprobar proyectos de Ley que apuntalan la “salida exportadora” a través de beneficios impositivos y protección para los sectores más concentrados de nuestra economía, exportaciones récord no se traducen en fortalecimiento de la posición de la autoridad monetaria. 

El resultado del año pasado se explica por varios factores. Por las salidas en concepto de "servicios y turismo. También por los pagos de vencimiento de deuda externa con el Fondo y otros organismos internacionales, que deberían desaparecer con este nuevo acuerdo. Por otro lado, los dólares del Banco Central se escaparon en cancelar deuda privada, contraída en el mismo período que la deuda pública y muchas veces a través de maniobras entre el mismo grupo empresario. Además, el BCRA intervino en los mercados financieros de cambio por más de US$2.500 millones para intentar tranquilizar la brecha.

Sin reformas 

Por otro lado, el ministro remarcó que “se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados, no hay ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas”. La inexistencia de reformas estructurales dentro del acuerdo puede leerse como una victoria en las negociaciones del oficialismo, ya que los programas del Fondo suelen incorporarlas en sus recetarios.

Sin embargo, resulta necesario remarcar que nuestro país viene de hacer dos reformas previsionales, a fines de 2017 con Mauricio Macri y con la nueva fórmula de movilidad votada en los últimos días del 2020. Ambas sirvieron para que el gasto jubilatorio cayera durante los últimos años, en consonancia con el poder adquisitivo de los jubilados. 

Por su parte, la modificación de las relaciones laborales se viene realizando de forma silenciosa, con modificaciones en los convenios colectivos y un achicamiento paulatino del trabajo formal, mientras crece el monotributo y otras relaciones laborales precarias.

Lo que se viene

 

Otro de los puntos fuertes de este acuerdo con el Fondo es que deberá ser votado en el Congreso. Aunque el ejercicio democrático debería ser obligatorio (lo dice la Constitución), el stand by firmado por el exministro Nicolás Dujovne fue anunciado por un mensaje grabado de Mauricio Macri de menos de 3 minutos de duración. El endeudamiento por US$44.000 millones fue decidido a puertas cerradas por el ejecutivo.

El paso del nuevo programa por el parlamento va a exponer el comportamiento de la oposición de Juntos por el Cambio que fue la responsable por el endeudamiento. Pero también de las distintas ramas que componen al Frente de Todos, luego de semanas de tensión donde vimos cómo se exponían diferentes posturas sobre las negociaciones con el Fondo a cielo abierto. 

Finalmente, una aprobación en el Congreso dará por clausurada (antes de comenzar) la etapa de investigación sobre el destino del endeudamiento y las denuncias por las múltiples irregularidades cometidas por ambas partes en el otorgamiento de la deuda.

El acuerdo con el Fondo está lejos de ser una “solución posible y razonable”, como dijo el presidente, ya que la “espada de Damocles” amenazará a la economía argentina 10 veces en los próximos dos años y medio, en forma de revisiones.

“Cada tres meses habrá revisiones y habrá desembolsos. Con esos se pagarán y el remanente quedará para la acumulación de reservas”, anticipó Guzmán. El staff del organismo visitará nuestro país para revisar el cumplimiento de las metas explicitadas anteriormente, y las que todavía no conocemos.

De esta forma, la economía argentina se tensionará en cada revisión, donde estaremos al borde del impago en caso de no llegar a cumplir los objetivos acordados. Por este motivo, la estructura del nuevo programa puede ser un factor de desestabilización: si los técnicos del Fondo resuelven que Argentina no hizo los deberes, no habrá desembolso para cancelar la deuda, y el mercado financiero actuará en consecuencia.

Un acuerdo de estas características implica una pérdida de autonomía para las decisiones económicas y políticas nacionales. De ahora en más, en la mesa ejecutiva de la coalición oficial se sentará un nuevo actor que influirá sobre el Gobierno con mucho peso específico: el organismo internacional que tiene sede en Washington y cuyo socio mayoritario es Estados Unidos.