Ahora bien, el origen del conflicto, potenciado por la decisión de Piñera y la superposición territorial en cuestión, tiene un primer antecedente que podemos rastrearlo sobre 2009, año en el que Argentina, con el aval de la CONVEMAR, plantea una extensión de su plataforma, ratificada sobre el 2017 y votada por unanimidad en el Congreso.
Cuando hablábamos antes del derecho natural que cualquier país tiene hasta las 200 millas, hay que agregar que desde las 200 a las 350, que es lo que en algunos puntos reconoció las Naciones Unidas a nuestro país, habla de que si bien no nos otorgan derechos adicionales sobre la pesca si lo hacen sobre el petróleo.
El letargo diplomático chileno sobre este punto, graficado en la ausencia de objeciones (que además incluyó territorios en disputa con el Reino Unido y la zona antártica), se rompió cuando sobre el tránsito del 2020, el Gobierno hizo envío de una nota diplomática al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicita que no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral por parte de Argentina, reservándose el derecho para determinar su posición en ese sector.
Además, Piñera ya había anticipado el reclamo a partir de lo que fue la creación del plan “Más Chile”, el cual incluye la presentación ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental, dependiente de la ONU, un planteo que busca incorporar territorio marítimo submarino del Océano Pacífico, lo que extendería la soberanía chilena más allá de las 200 millas náuticas, alcanzando hasta las 700 millas.
Otra foto que no sale en la película y que es incluso más reciente refiere a la presentación sobre octubre del año pasado del nuevo mapa oficial de la República Argentina.
Esta ampliación, además de chocar con la proyección chilena hacia el continente antártico, molestó en Santiago por la referencia argentina a la Antártida como “una de las provincias más grandes del país”, algo que ignora el hecho de que desde el 1° de diciembre de 1959 existe un convenio internacional denominado “Tratado Antártico”.
Como señaló prudentemente el capitán de Fragata, Fernando Moralés, dado que la pretensión soberana nacional coincide en buena parte con la de Chile, la vehemencia con la que la Cancillería comenzó a diseñar y presentó este mapa, nuevamente bajo el amparo de la ONU, motivó una veloz reacción trasandinos bajo la llamada “Ley de la Antártica” con el obvio propósito de no quedarse atrás en materia de reclamaciones soberanas sobre la Antártida.
Dejando en claro que nada tienen que ver los límites de la plataforma continental concedidos por la ONU con la soberanía en la Antártida, la relación figura una vez más bastante lejos del necesario y ahora sí convocado "diálogo diplomático".