La cúspide del Poder Judicial en Brasil la representa el Supremo Tribunal Federal que entre sus muchas atribuciones tiene la de procesar y juzgar la inconstitucionalidad de leyes o actos normativos federales o estatales. Eso ocurrió en el día de ayer. 

Tras cinco sesiones de deliberaciones y por 6 votos contra 5, el Tribunal anuló la jurisprudencia establecida en el año 2016 (algo inicialmente establecido en la Constitución del 1988) a partir de la cual se posibilitaba la ejecución de una pena de prisión después de que ésta fuera confirmada en segunda instancia. La medida posibilitaría salir a un total de 4895 presos, entre ellos claro, Lula. 

Por ley en Brasil existen cuatro instancias para apelar: Con un juez en la etapa de "instrucción", tres en magistrados en segunda instancia, cinco en el caso del Superior Tribunal de Justicia (tercera) y la Corte Suprema de Justicia que pueden ser cinco u once jueces. En el caso particular de Lula da Silva, todavía le resta esta última posibilidad.

Entonces, la decisión de ayer marca que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todas estas alternativas. 

Ahora bien, es importante mencionar también que la resolución en cuestión no prohíbe el arresto antes del agotamiento de las apelaciones, pero sí establece la necesidad de individualizar la situación del acusado. En los casos que cumplan los requisitos de prisión preventiva, no serán puestos en libertad. 

Osea que más allá del fallo lo cierta es que ni la libertad ni la prisión preventiva es automática, depende de los Tribunales pertinentes a cada uno de los casos. 

Esa es la pregunta. Al momento, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, abogados de da Silva, ya confirmaron que en el día de hoy, tras conversar con Lula, van a solicitar al Tribunal de Curitiba la inmediata liberación del líder del Partido de los Trabajadores. Eso va a suceder en las próximas horas. 

Además, los representantes legales también van a buscar que se habilite un hábeas corpus pendiente que pide anular la totalidad del proceso y declarar la libertad e inocencia del ex mandatario. 

Para que esta decisión tenga o no lugar se volverá a tener que escuchar los argumentos legales tanto de las defensas como de las acusaciones. Para esto, todavía no hay fecha. 

Básicamente, para poder iniciarse el trámite de liberación, se tiene que esperar a que la Corte publique el acuerdo de ayer. Para este punto, tienen un plazo de hasta 60 días para hacerlo.

Recién ahí entrará en escena la jueza Gabriela Hart, sucesora de Sergio Moro, quien si bien responde en línea al actual ministro de Justicia, difícilmente actúe en contraposición a una disposición de la Corte y dicte la prisión preventiva de Lula (quien aunque salga de prisión mantendría sus derechos políticos -la posibilidad de ser candidato- suspendidos). 

Lo cierto es que el apoyo visibilizado en las calles de Brasil y en las redes sociales contó en el día de ayer graficó el antecedente más relevante en las 579 jornadas de Lula preso (un sexto de la pena) y si bien no se puede saber la fecha exacta, la primavera parece más cercana.