El 8 de marzo, la organización social latinoamericana La Poderosa presentó un proyecto
de ley de reconocimiento salarial para todas las cocineras comunitarias que sostienen
ollas populares, comedores y merenderos del país. 

Son mujeres y disidencias que destinan hasta 8 horas diarias a cocinar para millones de personas. La iniciativa contempla un ingreso que tenga como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil, vacaciones, jubilación y cobertura de seguridad social.

“Hace décadas, en los barrios populares se sostienen espacios alimentarios que atienden una realidad concreta: la imposibilidad de cubrir la canasta alimentaria ha llevado históricamente a que las propias comunidades sostengan estas respuestas desde el amor y la solidaridad”, explica María Claudia ‘La Negra’ Albornoz del barrio Chalet de Santa Fe. 

Frente a esta realidad, la organización social La Poderosa presentó un proyecto de ley de reconocimiento salarial a las cocineras comunitarias que sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país.

Tanto el Estado Nacional como las provincias y los municipios, suelen proveer alimentos a estos espacios. Allí se los cocina y se los entrega a familias que, en muchas ocasiones, no pueden siquiera cubrir una comida diaria. Esto constituye un gran problema en términos de salud pública y una injusticia social inaceptable. La cuestión es que está invisibilizando el enorme trabajo de cocinar esos alimentos.
 

“No queremos más un reconocimiento simbólico ni que nos aplaudan y nos digan 'qué bueno lo que estás haciendo', queremos un reconocimiento económico", afirma Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular y diputada nacional, quien en el día de hoy se hicieron presentes en la marcha por el 8M. 

El proyecto de ley exige el reconocimiento salarial a estas personas, que en un 80% son mujeres y disidencias sexuales, incluyendo vacaciones, aportes jubilatorios y todo lo referido a la seguridad social. 

La iniciativa contempla un ingreso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que representaría un presupuesto global equivalente a menos del 0,07% del PBI, al 10% de lo destinado a servicios de inteligencia o al 0,14% de los servicios de deuda previstos en el presupuesto nacional 2023. 

La organización, en conjunto con otras, está realizando una campaña de recolección de 500.000 firmas para la presentación del proyecto en la modalidad de iniciativa popular ante el Congreso  Nacional. 

"En este país no tenemos Defensor del Pueblo. Necesitamos 500 mil firmas y un Defensor que avale la Iniciativa Popular, pero ni eso tenemos. Hoy, la primera en firmar es Nelly Vargas, que trabaja hace 32 años en el comedor de Zavaleta", anuncia ‘La Negra’ Albornoz. 

Este 8M y en días subsiguientes La Poderosa pondrá mesas en distintos puntos del país para sumar adhesiones.