Juan Carlos Maqueda, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, criticó la decisión del presidente, Javier Milei, de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que formen parte del Máximo Tribunal.

"Está al borde de la inconstitucionalidad", afirmó en declaraciones a La Nación +, y agregó: "Me pareció horrible el decreto y la actitud del Poder Ejecutivo y del Presidente, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias, tome esta decisión".

En ese sentido, sostuvo que el procedimiento fue incorporado en la Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 19, luego de su reforma de 1860, pero con un contexto diferente: "En aquel momento había un Congreso que funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre, también era un país donde no había carreteras, ferrocarriles, entonces obviamente era necesario un instrumento de este tipo".

"Hoy hay un desacople entre la realidad y el decreto para lo que fue creado. No puede postergar lo que es el artículo 99 inciso 4, que es donde la Constitución reformada en el 94 establece cómo se deben elegir los miembros de la Corte", agregó.

Sobre la explicación del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la decisión del Ejecutivo, respondió: "No sé en qué lugar de la Constitución está esto. No es así cómo dicen. Los pliegos deben ingresar al Senado y se debe seguir dialogando". Y señaló que hay antecedentes jurisprudenciales que establecen que si el Senado rechaza un pliego, el juez debe cesar en sus funciones de inmediato.

También diferenció el procedimiento con el que fueron designados Rosatti y Rosenkrantz en 2015: "En el decreto de Macri estaba contemplado, en la redacción del artículo 2, que los pliegos serían elevados al Senado, y al efectivizarlo a diez días de su asunción, garantizaba un plazo considerable para el debate", y agregó que ambos "cumplieron con la manda constitucional y así se pudieron integrar a la Corte".

Y, finalmente, Maqueda mencionó que en Argentina hay "una baja calidad institucional que la vemos en el abuso de los decretos de necesidad y urgencia y de los vetos" porque "hay un abuso, por parte del Presidente, de un lenguaje descalificador a propios y ajenos que no es propio de la democracia".